La visita de la gobernadora Wanda Vázquez a Washington produjo un resultado inesperado: la petición, por parte del Tesoro de Estados Unidos, de que el gobierno de Puerto Rico prepare un plan para eliminar progresivamente el crédito federal al arbitrio de cuatro por ciento que se le aplica a las ventas de las corporaciones foráneas bajo el estatuto conocido como Ley 154.

La petición es preocupante, pero no del todo sorprendente, porque desde hace años el Tesoro federal ha indicado que el crédito ofrecido a este impuesto es de carácter temporal. Además, es un secreto a voces que a las autoridades de Washington nunca les ha gustado este impuesto, y menos el que se haya convertido en un costo para el fisco federal.

El impuesto se concibió inicialmente, en la administración del exgobernador Luis Fortuño, como uno temporero, que se iría reduciendo gradualmente durante varios años, para ser luego reemplazado con un impuesto diferente que nunca se llegó a definir completamente ni a poner en vigor. Por el contrario, nos hicimos dependientes de esta herramienta contributiva, que en los últimos años ha venido a representar alrededor de 20 por ciento de los ingresos netos del fondo general de Hacienda.

Eliminar el crédito al arbitrio prácticamente obligaría a eliminar el impuesto en sí, ya que las corporaciones que lo pagan lo consideran tolerable solamente porque lo pueden reclamar al momento de pagar sus contribuciones federales. Si no lo pudieran cancelar mediante el crédito que se les concede, tomarían medidas para reducir lo que pagan por este concepto.

El problema es que Puerto Rico no se puede dar el lujo de perder estos ingresos fiscales, que ascienden a unos dos mil millones de dólares al año. Si ha llegado el momento, como parece ser el caso, de empezar a pensar en el fin de la Ley 154, va a ser necesario sustituir los recaudos que produce con algún otro mecanismo tributario. Lo lógico sería modificar las tasas contributivas que actualmente se aplican a los impuestos que las corporaciones foráneas le pagan a Hacienda por concepto de ganancias y de pagos de regalías. Estas son las tasas definidas en la ley de incentivos contributivos y en los decretos de exención a las corporaciones afectadas.

Lo que se haga para sustituir a la Ley 154 tiene que estar sujeto a tres consideraciones cruciales. La primera es que los cambios deben consultarse y negociarse con las corporaciones, y no imponerse de manera unilateral y, menos aún, sorpresiva. Todavía hoy, altos ejecutivos de estas empresas resienten la forma en que se les sorprendió con la aprobación de la Ley 154, que cayó como un rayo en cielo despejado cuando nadie lo esperaba.

La segunda consideración es que los cambios al trato contributivo de estas corporaciones deben hacerse de manera que se preserve un margen de competitividad, tomando en cuenta la manera radical en que se modificaron los impuestoscorporativos en la reforma contributiva aprobada en Estados Unidos en el 2017. Puerto Rico todavía no ha adecuado su sistema contributivo a los cambios en el sistema federal; éste sería el momento para hacerlo.

Por último, cualquier plan para reemplazar el arbitrio de la Ley 154 con otros impuestos debe estar enmarcado en una revisión estratégica integral del sistema de incentivos industriales de Puerto Rico. Este ha sido en el pasado uno de los pilares de la economía local, y tiene que adaptarse a las condiciones cambiantes del presente y el futuro. En los últimos dos años, el tema se debatió durante la revisión del llamado código de incentivos, pero se quedó en el tintero para un futuro indefinido.

El Tesoro federal nos está dando un espacio para actuar en este asunto con tiempo y de manera gradual. Hay que aprovechar ese espacio y no dejar el tema para atenderlo de manera apresurada y a última hora. No olvidemos que los federales han sido implacables en el pasado cuando han decidido cambiar las reglas del juego en lo tocante a incentivos industriales, como ocurrió con la Sección 936.