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A raíz de los múltiples casos de corrupción que han salido a la luz pública, varios expertos y grupos de la sociedad civil se unieron para fortalecer el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” (Ley Núm. 2-2018) con el fin de expandir y fortalecer los controles y el uso de los recursos públicos disponibles para luchar contra la corrupción en Puerto Rico.
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