Durante largos años el Partido Popular Democrático abusó con mayoría absoluta creando estructuras y aprobando leyes electorales que le favorecieron. Lo primero que hicieron en 1941 fue prohibir la coalición de partidos o endoso electoral a candidatos entre partidos diferentes.  De tal forma, por 28 años, institucionalizaron el unipartidismo de gobierno ininterrumpido; manipularon la Junta Estatal de Elecciones, las juntas electorales presididas por jueces militantes y colegios de votación controlados con empleados públicos. Luego, en 1974, se inventaron el Tribunal Electoral para eliminar la Junta Estatal de Elecciones y nombraron sus “jueces” a la cañona y sin consenso de los partidos en minoría.

Los líderes populares mantuvieron a los electores enjaulados en colegio cerrado bajo el pretexto de proteger la integridad del voto, se opusieron a la modernización del colegio abierto con garantía de la tarjeta electoral con retrato y arrastraron los pies para la enmienda constitucional que reconoció el derecho a votar de los jóvenes con edad de servicio militar, hasta que el triunfo del PNP en 1968, a regañadientes, los obligó a endosar la reforma electoral y enmienda constitucional de 1969. Esa es la historia y así quedó escrita.

Nada de lo anterior justifica hacer lo mismo que antes hicieron los líderes populares cuando gozaron de poder absoluto. Desde la entrada del bipartidismo, a cada cambio de gobierno, se ha desatado una burda estrategia de enmiendas a la Ley Electoral para arrimar la sardina al partido en el poder. No obstante, por encima del constante traqueteo electoral entre los dos partidos principales, recuentos y riñas en la Comisión Estatal de Elecciones, pleitos e interpretaciones de la Corte Suprema, en Puerto Rico aún sobrevive la confianza del pueblo en el resultado electoral. Con el estímulo que – desde la eliminación del conteo de palitos e introducción del escrutinio electrónico – hasta se validaron los votos de las candidaturas independientes.

De camino a las primarias del 9 de agosto y a las elecciones del 3 de noviembre bajo circunstancias que son extraordinarias, hay que andar con suma cautela para preservar esa confianza del pueblo en la suprema manifestación de su democracia. Aunque existan motivos para modernizar el sistema y actualizarlo… aunque el precedente diga que antes lo hicieron los que ahora vociferan en contra, la gobernadora Wanda Vázquez debe ser extremadamente escrupulosa al tomar acción con el nuevo estatuto electoral que tiene sobre su escritorio.