Juan Manuel Mercado Nieves
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Gobiernos de ley y orden

“Política sin moral es indignidad”: Eugenio María de Hostos

Uno de los cacareos favoritos de los gobernantes que entran y salen de La Fortaleza es el de la existencia de gobiernos de “ley y orden” que solamente imperan para el gobernado, puesto que sabemos que la corrupción “campea por su respeto” en los pasillos de los centros del poder colonial.

La falsa noción de los denominados gobiernos de “ley y orden” surge de la construcción en el imaginario colectivo de que los distintos componentes de una sociedad están colocados de cierta forma para que se haga posible la vida y que las cosas funcionen. De esa manera, la existencia de un “orden”, requiere de disciplina y del acatamiento de las leyes, tanto para los gobernantes como para los gobernados.

El comportamiento de la clase gobernante del país ha provocado que exista una acertada percepción de que algo pasa que en La Fortaleza hay una escasa valoración ética. También prevalece una apreciación de que la actividad política está exenta de limitaciones morales. La noción de que nuestros gobernantes se protegen a sí mismos y a los “poderosos” carcome la confianza del país en sus instituciones. Esa sensación no se da en un vacío. Nos estamos dado cuenta de que quienes nos han gobernado hablan por ambos lados de la boca.

Son muchos los ejemplos de los simulacros gubernamentales de “ley y orden” que el país ha experimentado. Pero a veces vale la pena revisitarlos, para evitar tropezarnos con la misma piedra o que vivamos eternamente en un karma en el cual nos cae como anillo al dedo aquello de que: “[q]uien olvida su historia está condenado a repetirla”.

La persecución al independentismo protagonizada por muchos de estos “honorables” llevó a algunos a amordazar al pueblo y sistemáticamente realizar una inclemente demonización de la lucha por ese ideal, al extremo de que algunos de esos innombrables ordenaron perseguir, “carpetear”, encarcelar y hasta fomentar que se trapearan calabozos con la bandera puertorriqueña. Sabemos que la persecución política es un delito al amparo de la “ley y el orden”. Sin embargo, ninguno de los “ilustres” que avivaban el fuego del discrimen ideológico desde Fortaleza, siquiera se disculpó con el país. Tal parece que nuestros gobernantes actuaban con impunidad, probablemente convencidos de que no es ilegal cuando un gobernador actúa al margen de la justicia.

Hemos visto también cómo la corrupción pasea por Fortaleza. El financiamiento ilegal de las campañas políticas de Aníbal Acevedo Vilá, los más de 40 funcionarios y contratistas vinculados a actos ilícitos bajo la administración de Pedro Rosselló y el incremento en la deuda pública, el despido de miles de empleados gubernamentales y un gasoducto que no llegó a ningún lado a pesar de los millones gastados por Luis Fortuño se suman a las desafortunadas asociaciones con Anaudi Hernández de Alejandro García Padilla. Igualmente trágica es la complicidad del silencio de Pedro Pierluisi y de Wanda Vázquez, cuando eran Secretarios de Justicia en los gobiernos de Pedro y Ricardo Rosselló. No olvidemos los chats de “Whatsapp” y de “Telegram” de Ricky y sus “brothers” y el juramento inoficioso y acceso a información privilegiada de Pierluisi en su breve estadía en el Palacio de Santa Catalina. En todos estos casos se percibe la impunidad oficial.

En los pocos meses de gobierno de Wanda Vázquez hemos sido testigos de la politización en el manejo de suministros de emergencia, irregularidades en las compras millonarias de pruebas fatulas durante la pandemia del COVID-19 y decenas de querellas por violaciones a la veda electoral. Tampoco quedan atrás las falsas representaciones que la autoproclamada “gobernadora no política” ha hecho al Pueblo en torno a la aprobación del Código Civil y de un Código Electoral que estrangula la aspiración de que los procesos electorales sean confiables.

Ante la absolutista fusión colonial de “gobierno-gobernante-partido” y la impunidad que de ello resulta, el pueblo tiene que hacerse justicia. Lo único que provoca el cambio es la movilización y la acción política. Los 15 días del verano del 2019 y la desobediencia civil en Vieques, nos enseñan que cuando los gobernantes les dan la espalda a su pueblo, hay que derrotarlos en las calles y en las urnas.

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