Todo parece indicar que hay una guerra abierta entre la administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, no debe perderse de vista el mucho terreno común que hay entre ellos. Ese espacio de coincidencias debe ser el punto de partida para acabar de poner en marcha un programa de rehabilitación económica y fiscal que hoy en día, a más de un año y medio de la aprobación de la ley Promesa, está demasiado retrasado.

No hay duda de que los estragos causados por el huracán María más que justifican el retraso en la implantación del Plan Fiscal, pero ya han pasado seis meses desde ese trágico evento y es hora de retomar el proyecto de estabilización y reactivación de la economía.

En la carta que la Junta le envió al gobernador el miércoles pasado (28 de marzo), se endosa claramente la innovación más importante del plan fiscal post María, que es la propuesta de facilitar la asimilación de las medidas de austeridad con un programa masivo de reconstrucción y estímulo económico financiado con fondos federales. Esa opción no existía antes del huracán, cuando lo que teníamos por delante era solamente el panorama lúgubre de una contracción severa seguida por años de estancamiento, mientras se alcanzaban las metas de un presupuesto balanceado y el regreso gradual a los mercados de crédito.

No debe subestimarse la importancia de que la Junta haya endosado esa nueva manera de formular el proyecto de Promesa para los próximos cinco o seis años. El hacerlo significa que los miembros de la entidad están dispuestos a cabildear en Washington para que se nos asignen los fondos necesarios para rehacer la red eléctrica y otros pilares de la infraestructura económica del País. Por otro lado, en la carta al gobernador se hace hincapié en que el beneficio de este programa de estímulo basado en la inversión con fondos federales será temporero. Al cabo de varios años la economía tiene que tener su propio motor interno de crecimiento, o volverá a caer en el estancamiento.

Hay otra advertencia importante en la carta de la Junta, y es que no podemos contar indefinidamente con el alivio que significa la suspensión de pagos por el servicio de la deuda. En algún momento habrá que comenzar a pagar alguna cantidad, y para cuando eso ocurra, más vale que estemos ya cerca de lograr un presupuesto balanceado.

El propio gobernador ha dicho que para que la economía continúe creciendo cuando se agoten los fondos federales para la reconstrucción, es necesario preparar el terreno con un programa de reformas estructurales. En eso coincide con la visión de la Junta. Aún en el tema controvertido de la reforma a las leyes laborales, las diferencias del gobernador con la Junta parecen ser más sobre el calendario de ejecución de las medidas que sobre las medidas mismas. El verdadero distanciamiento está en dos temas: el bono de Navidad y el recorte a los beneficios de los pensionados.

Se puede decir que el gobierno le ha dado a la Junta ente el 75% y el 80% de lo que esta quiere que se incluya en el Plan Fiscal. Está por verse si la Junta añadirá el 20% a 25% restante por su propia autoridad, o si buscará negociar nuevamente con el gobierno. Está por verse si el gobernador mantendrá una postura desafiante, o si buscará un acomodo con el ente federal, aprovechando el mucho terreno común entre ambos.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo en la corte de la jueza Laura Taylor Swain, y los federales siguen esperando por un plan detallado que permita canalizar fondos a proyectos concretos de reconstrucción. El tiempo no está de nuestro lado.