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Todo parece indicar que hay una guerra abierta entre la administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, no debe perderse de vista el mucho terreno común que hay entre ellos. Ese espacio de coincidencias debe ser el punto de partida para acabar de poner en marcha un programa de rehabilitación económica y fiscal que hoy en día, a más de un año y medio de la aprobación de la ley Promesa, está demasiado retrasado.
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