En estos días, el gobierno y el pueblo están muy pendientes, con razón, a la liberación de fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. El país está a la expectativa del inicio de obras necesarias para la sociedad y la bonanza económica que supone la inversión multimillonaria de esos fondos en nuestra isla.

Debemos, sin embargo, prestarle atención a imperativos ambientales que arrastramos desde antes de que el huracán María azotara nuestra isla. Estos imperativos ambientales pudieran incidir sobre la reconstrucción.

En el caso de la reconstrucción de residencias y edificios, ¿dónde dispondremos de los escombros de demoliciones y de los escombros de construcción? Recuerden que la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) emitió órdenes de cierre de vertederos que agotaron su vida útil y no cumplen con los requisitos federales.  Se presume que solo diez vertederos cumplen. ¿Tendrán capacidad? Los escombros de la destrucción del huracán María agotaron el equivalente a dos años de capacidad en nuestros vertederos. Solo tengo conocimiento de dos vertederos que construirán una celda adicional. ¿Tienen los permisos? ¿Se inició la construcción?

En lo relativo a la demolición de estructuras y a su reparación, es necesario realizar un estudio previo sobre presencia de plomo y asbesto. Si se encuentran estos contaminantes muy perjudiciales a la salud, tenemos que proteger a los trabajadores.  Además, esos escombros no pueden disponerse en cualquier vertedero y mucho menos en los “centros temporeros de acopio” establecidos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA). ¿Tenemos la capacidad en los vertederos autorizados?

No se olviden de las áreas en las que no se cumple con la norma federal de calidad de aire para bióxido de azufre. EPA le otorgó 18 meses al Gobierno de Puerto Rico para desarrollar un plan para lograr cumplimiento. Faltan seis meses. De acuerdo a los reglamentos federales, si no se somete un plan aprobable, peligran los fondos federales para carreteras en esas áreas.  Peor aún, nuestra gente seguiría respirando aire que afecta su salud.

Si se materializa, roguemos que no, la sequía severa que amenaza a la isla, ¿de donde se sacará el agua para mezclar el concreto para la reconstrucción de residencias e infraestructura? FEMA todavía no ha aprobado los fondos para los dragados de los embalses. Si los aprobaran mañana, los dragados tardarían porque sería necesario preparar una Declaración de Impacto Ambiental para cada dragado y obtener un permiso del Cuerpo de Ingenieros que, a su vez, requiere múltiples endosos locales y federales. ¿Ya comenzamos este proceso?

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la EPA ya están renegociando la Orden por Consentimiento Judicial sobre las plantas de tratamiento de aguas usadas y los alcantarillados sanitarios. Esta Orden, además, requiere el control de las descargas de aceites y grasas al alcantarillado para evitar la mayoría de los desbordes de aguas usadas.  Antes del huracán, la AAA realizó la etapa educativa. Ahora prima la implantación para proteger nuestras playas. Además, tenemos que atender las vedas de construcción por falta de capacidad, como la que impera en Dorado.

Debemos atender con premura estos imperativos ambientales para acelerar la recuperación de Puerto Rico. Deberíamos aprovechar esta inversión multimillonaria para lanzar la transformación de Puerto Rico a un desarrollo sostenible que requiera la cosecha de agua de lluvia en las viviendas, el uso eficiente de agua y energía, y el uso de energía renovable, entre otras medidas. 

El próximo 14 de marzo, durante el XIV Congreso Puertorriqueño de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, las autoridades locales y federales compartirán sus agendas ambientales para la reconstrucción de Puerto Rico y la próxima década.

Les exhorto a informarse y a orientarse.