Impunidad significa falta de castigo. Es lo que perpetúa la corrupción en Puerto Rico. En muchos casos el castigo se limita a la cancelación de un contrato o al despido de un empleado. Es como si al asaltante de un hogar lo frustraron en su intento y considerasen un castigo haberlo impedido completar el hurto y echarlo de la casa, justificando la impunidad con el argumento de que el hurto no se consumó.

Ocurrió recientemente con la compra de pruebas de coronavirus, avalada por el gobierno, al costo escandaloso de $38 millones y cuya transacción fue detenida por un banco comercial. Posteriormente, el suplidor, cuyo negocio era ajeno al campo de la salud, fue “castigado” con la cancelación del contrato.

El agraciado contratista era contribuyente del partido político en control del gobierno. Más aún, se le adelantó la suma de $19 millones sin explorar opciones como la de “COD”. Nadie preguntó sobre las credenciales profesionales del suplidor ni por la existencia de cotizaciones competitivas.

ás bochornoso y patético es que las personas que tienen la autoridad y el mandato del pueblo no acepten responsabilidad ni ofrezcan un curso de acción para evitar que el esquema se repita. El pueblo tiene que descansar en que la banca comercial lo impida.

En otros casos, vemos impunidad cuando políticos resultan convictos por corrupción, pero los contratistas quedan impunes tras declararse testigos en contra del acusado, a cambio de evadir o acortar el proceso legal. Por cada sobornado hay un sobornador que es cómplice de la corrupción. Mientras no haya empresarios y comerciantes tras las rejas, continuará la corrupción.

La corrupción ha alcanzado el nivel más cínico y despreciable en Puerto Rico cuando se han valido hasta de explotar las desgracias nacionales para satisfacer su avaricia desmedida. La corrupción desplegada tras el huracán María se repite ahora en la pandemia.

Mientras haya impunidad, continuará la corrupción, ciega a la dimensión de la tragedia que atraviesen los afectados.

Sin desestimar la poca credibilidad y conflictos del mensajero Trump, el hecho es que, por primera vez en la historia, un presidente de Estados Unidos ha proclamado al mundo que Puerto Rico tiene gobernantes corruptos y no confía en enviar fondos a la isla sin designar a un monitor.

Si bien es una desgracia para Puerto Rico, también lo es que la metrópolis ha sido un modelo nefasto para su territorio. La lista de funcionarios de las tres ramas gubernamentales forzados a renunciar o convictos en Estados Unidos es impresionante.

Algunos de los casos más memorables son los de Sherman Adams, “Chief of Staff” de la Casa Blanca bajo el presidente Eisenhower; Spiro Agnew, vicepresidente de Estados Unidos; el poderoso congresista Dan Rostenkowski, presidente del comité “Ways and Means” de la Cámara; Jim Wright y Dennis Hastert, “Speakers” de la Cámara; y Rod Blagojevich, gobernador de Illinois, quien trató de vender el escaño senatorial vacante por la elección presidencial de Barack Obama. Este último de la lista fue indultado recientemente por Trump.

Una de las formas de controlar la corrupción es restableciendo la Ley de Personal basada en el mérito de los funcionarios en lugar de su padrinazgo político. Los nombrados por politiquería son los más susceptibles a las ofertas deshonestas de contratistas contribuyentes a campañas políticas, que persiguen un rendimiento de su inversión.

No hay que realizar más estudios sobre la corrupción. El informe de la Comisión de Derechos Civiles (2015), “Derechos Humanos y Corrupción”, dirigido por los licenciados Víctor Rivera Hernández y Víctor García San Inocencio, es una herramienta poderosa para prevenir, identificar y erradicar la corrupción en el país. Falta voluntad política para implementar las recomendaciones del Informe.

Mientras reine la impunidad, no habrá escarmiento: la corrupción prevalecerá. Ningún status político es viable en una sociedad corrupta sin una consigna para eliminarla.