En la mañana del lunes 17 de abril, un grupo de tenedores de bonos solicitó al gobernador Ricardo Rosselló que elimine la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público porque “podría interpretarse como un acto de mala fe del gobierno”. También, el conjunto estableció que la auditoría es necesaria, pero que debe ser responsabilidad de la Junta de Control Fiscal, según lo dispone la Ley PROMESA.