Tan reciente como el 1 de abril de este año, ocurrió lo que muchos hubieran tomado como broma de primer día de mes: la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley, conocido como el MORE Act, para remover el cannabis del listado de sustancias controladas, despenalizar la marihuana a nivel federal y aumentar de manera escalonada los ingresos con contribuciones por dichas compraventas. El proyecto aún se encuentra en la espera de calar el cedazo del Senado. Desde el 2012 Washington DC y estados como Colorado, entre otros 19, han aprobado el uso recreacional del cannabis, permitiendo la posesión de 28 gramos e incrementando su economía.

Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba, por segunda vez, despenalizar la marihuana a nivel federal

Trasladando la propuesta a nuestra jurisdicción, es de conocimiento general que el representante del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer, ha sido muy vocal en cuanto al proyecto de su autoría, el P.C. 1191, el cual procura servir de marco regulador para el uso controlado del cannabis en Puerto Rico. El análisis extrapolado de dicho proyecto no se desvincula al ya aprobado en la Cámara federal, pues superficialmente busca acoplar a Puerto Rico en el siglo XXI, mermar el gasto incurrido para combatir el crimen organizado y el clandestinaje de sustancias controladas, producir empleos competentemente remunerados, crear fondos destinados a agencias y organizaciones que actualmente se sustentan a duras penas, y todo ello inyectando en su primer año de vigencia más de medio billón de dólares.

José Luis Dalmau está dispuesto a darle una segunda mirada al concepto del uso adulto de la marihuana

Debemos reconocer que Puerto Rico sigue siendo muy conservador en aspectos como el aquí discutido. Con el pasar de los años la investigación de la despenalización del cannabis ha pasado por un crisol estricto y tradicionalista el cual ha sido justificado con querer mantener un bien social, pero lo cierto es que dicha práctica no ha mantenido ningún bien social. Por el contrario, el arduo y extraordinario trabajo realizado por los fiscales, la Policía de Puerto Rico, la División de Crimen Organizado y el Negociado de Drogas, quienes llevan a cabo distintos operativos, refleja la verdadera guerra de poder.

De ser aprobado el PC 1191, existirán masas que gritarán a los cuatro vientos que dicha medida estará dando luz verde a que los más vulnerables coqueteen con la idea de comenzar vicios. Yo, muy respetuosamente, difiero de esa línea de pensamiento, pues soy de la postura que quien tenga seguridad y una buena estructura familiar no tendrá reparo en decirle no a cualquier tipo de sustancia. Por otro lado, quien carezca de dicha estructura, y decida adentrarse al mundo oscuro, así lo hará, independientemente del tipo de legalización que exista. Creo que con los tiempos de genocidio y atrocidades que hoy acontecen en el mundo, sería una chiquillada escoger esta batalla y no darle la oportunidad a un incentivo millonario. Después de todo, Puerto Rico continuará siendo un país de ley y orden enfocado en procesar a todo aquel que no acate las leyes ya aprobadas.

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