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La descolonización de Puerto Rico como ficción jurídica: ¿cabilderos o delegados?
El gobierno insiste en identificar y utilizar los fondos públicos necesarios para la elección especial de una “delegación congresional de Puerto Rico”. Lo hace para cumplir con la Ley 165-2020, que así lo ordena, y a tenor con el “mandato” electoral de la votación celebrada en noviembre pasado. Actúa en contra del sentir de la mayoría parlamentaria y, por el momento, de la junta federal que nos gobierna. El conflicto no será resuelto por la rama judicial puertorriqueña, por considerarse que en esta etapa sería prematuro hacerlo.
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