La pretensión de una práctica del Derecho que aspire a la justicia depende de la calidad de formación profesional con la que se hayan educado los operadores jurídicos. Convendría, por lo tanto, priorizar la segunda acepción del verbo educar en vez de la primera. Esta última define el término como dirigir, encaminar o doctrinar, mientras que la otra lo denota como el desarrollo o perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. La primera puede ser un vehículo muy exitoso para las examinaciones que privilegian la memoria cruda y el automatismo acrítico, mientras que la segunda se perfila como condición de posibilidad de comprender el Derecho en toda su magnitud social, política y cultural.