
Opinión
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La aprobación de la Ley 89-2025, que permite a madres, padres y encargados excluir a sus hijos de los cursos de educación sexual en las escuelas públicas, plantea serias interrogantes sobre el rol del Estado en la formación integral del estudiantado. Aunque se presenta como una defensa del derecho de las familias a dirigir la educación de sus hijos, esta medida tiene implicaciones preocupantes para la equidad, la salud pública y la misión educativa de nuestras escuelas.
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