Los que buscan la admisión de Puerto Rico como estado tienen que fijarse en algo que sucedió en la vista congresional sobre la estadidad para Washington D.C. Me refiero a la celebrada en el Oversight Committee de la Cámara de Representantes el pasado 19 de septiembre. La ciudad llevó principalmente cuatro ponencias. Dos eran políticas, similares a las que hacen los de aquí. Pero las otras dos, y aquí lo importante, eran económicas.

Uno de los requisitos para ser admitido como estado es poder serlo. Es decir, es necesario demostrar que la economía del territorio aguantaría los cambios que supone el asumir las estructuras gubernamentales y fiscales de un estado. Por eso, Washington D.C. entendió que tenía que persuadir a los congresistas en la vista de que la ciudad estaba preparada para convertirse en un estado.

Uno de los encargados de demostrarlo fue el “chief financial officer” Jeffrey S. DeWitt. Comenzó diciendo que el crédito de Washington D.C. está clasificado triple A (strike uno para Puerto Rico). Que la ciudad mantiene un presupuesto balanceado, a base de un plan fiscal que cubre varios años, un plan de mejoras de capital de seis años, estimados trimestrales para asegurar que los gastos se mantienen en línea, unos límites de deuda para evitar los excesos y una buena reserva de efectivo (strike dos para Puerto Rico). También informó que el sistema de pensiones de los maestros está “fully funded” (strike tres).

No quisiera deprimir añadiendo que también llevan a cabo un plan a diez años para que toda su infraestructura esté en buen estado de mantenimiento, que la economía de la ciudad está vibrante y que su población crece.

También testificó Phil Mendelson, “chairman” del Council of the District of Columbia. Este recordó que a Washington D.C. se le impuso una junta de control fiscal en 1995 “que esencialmente le quitó al gobierno local su limitada autonomía”. Al igual que con Puerto Rico, la junta habría de permanecer en funciones hasta tanto Washington D.C. lograra balancear su presupuesto por cuatro años consecutivos. Hasta ahí la comparación.

La estrategia de Washington D.C. para deshacerse de la junta fue la que aquí se niegan a seguir: cumplir con las condiciones que estableció la ley que la creó. Enderezaron sus finanzas, al año ya estaban balanceando sus presupuestos y para el 2001 la junta cesó funciones.

Lograron eliminar la junta siguiendo las reglas del juego. No se trata solamente de cuadrar el presupuesto, sino de lograr un cambio en la manera de gobernar. Por más que no nos guste tener una junta, la ley Promesa contiene requisitos que fomentan la creación de un rigor y disciplina fiscal que son necesarios. Aquí los presupuestos se elaboran de forma superficial e incompleta y luego tampoco se siguen, incluso se aprueban leyes sin estimar los costos de implantarlas. En la medida en que la señora Jaresko les exija que sean más rigurosos, y adquieran el hábito de hacerlo correctamente, algo bueno se saca.

Contrario a Washington D.C., el gobierno pro-estadidad de Puerto Rico no ha optado por aprovechar el momento para enderezar las condiciones fiscales de Puerto Rico y adoptar una buena disciplina administrativa. Su estrategia ha sido la del desmadre para exigir la estadidad como rescate. Ha sido un error de cálculo monumental. Como vemos, eso no la acerca, al contrario, la aleja.

Pero para ser admitido como estado Puerto Rico tendría que probar que lo puede ser a partir del primer día. La estrategia que sigue el movimiento estadista lo que está probando es que no lo podrá ser nunca.