En los últimos dos días ocurrió lo que todos sabían que inevitablemente habría de ocurrir: el arreglo contractual existente entre el gobierno de Puerto Rico y el conglomerado de LUMA Energy para la operación y administración del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica habrá de continuar vigente. Así ya lo habían definido la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el Tribunal Federal en los procedimientos que se desarrollan ante la jueza Laura Taylor Swain y el ejecutivo federal, a través de la secretaria de Energía y por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). Pero, en un Puerto Rico que ante la dureza de la vida suele refugiarse en las falsas expectativas y en la construcción de estructuras paralelas a la realidad, las cuales queremos aceptar como si en efecto fueran realidad, se creó la expectativa absurda de que era posible dejar sin efecto el contrato de LUMA.