A casi dos años del azote de los huracanes Irma y María, es importante analizar en su justa perspectiva la respuesta de la industria de seguros hacia sus asegurados y su contribución a la recuperación del país. Firmas que compran reclamaciones y bufetes de abogados, buscando oportunidades de negocio, se establecieron en la Isla después de estos desastres y han desarrollado agresivas campañas de publicidad, instando a los asegurados a que los contraten para pelear contra los aseguradores. Algunos han inflado indiscriminadamente las reclamaciones. Como en tantos otros casos, el mensaje que se ha proyectado no corresponde a la realidad. Es preciso entonces ofrecer los datos correctos sobre la respuesta de la industria de seguros.

Según información provista por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), hasta el mes de julio de 2019, se habían presentado unas 284,477 reclamaciones, cifras que son históricas en la industria de los seguros en Puerto Rico. Procesar una reclamación por daños a la propiedad conlleva, entre otros pasos, recopilación de datos, tasación de daños y análisis de cubiertas. Responsablemente, no se puede adjudicar y emitir una determinación de un día para otro.

A pesar de todos los inconvenientes y complejidades, según cifras de la OCS, la industria de seguros ha pagado $6,385,404,451 al 31 de julio de 2019, habiéndose resuelto el 97.49% de las reclamaciones. Cabe preguntar entonces, ¿por qué se insiste en que los aseguradores no han respondido adecuadamente? Para responder a esta interrogante debe considerarse la naturaleza del ínfimo 2.51% de reclamaciones pendientes de resolución.  Se trata principalmente de reclamaciones de pólizas comerciales, que son las más complejas, pues requieren análisis y peritaje para poder pagar lo justo y razonable, según los términos de la póliza. Entre estas, se encuentran las reclamaciones de municipios, agencias de gobierno, grandes comercios y condominios. 

La resolución de esas reclamaciones se ha dilatado principalmente cuando el asegurado ha contratado ajustadores públicos que inescrupulosamente demandan el pago de cantidades, sin someter prueba del monto reclamado o que en ocasiones exceden el límite de las pólizas. Como en el caso de muchos bufetes de abogados, el ajustador público cobra un porciento de la cantidad adjudicada por el asegurador. Es un profesional a quien se le requiere una licencia y quien debe cumplir con unas normas igualmente establecidas en el Código de Seguros. Si se conduce como exige la ley, el ajustador público puede agilizar el trámite y resolución de los casos. 

Lamentablemente, hemos encontrado casos en que el ajustador público solicita pago por equipos que ya estaban dañados antes del huracán y en otros, se pide un costo de reemplazo exorbitante para algunos componentes de la propiedad asegurada. En otros, se ha reclamado una pérdida superior al límite de la póliza. De ser correcto dicho reclamo, tendría que haberse demolido o destruido toda la propiedad.    

Algunos ajustadores públicos se han referido a la OCS y están en curso los procesos administrativos de querellas en las que se alega la existencia de reclamaciones fraudulentas y violaciones al Código de Seguros. En esas circunstancias, lejos de asistir al asegurado para lograr la más justa y rápida resolución de su reclamo, el ajustador público solo ha retrasado el proceso. No obstante, los socios de ACODESE están redoblando esfuerzos para resolver las reclamaciones que aún permanecen abiertas, lo más pronto posible.

A pesar de la magnitud del desastre que trajo el huracán María, hemos respondido. Podemos afirmar que Puerto Rico cuenta con una industria de seguros que está adecuadamente capitalizada, con los recursos para cumplir sus obligaciones y pagar a los asegurados las cantidades que corresponden. La industria de seguros constituye el cuarto sector con mayor producción de ingresos para la Isla, lo que representa el 12.2% del Producto Interno Bruto, y, además, genera sobre 30,700 empleos directos e indirectos. No tenemos duda alguna de que, al final del día, los aseguradores serán una pieza fundamental en la recuperación del mayor desastre natural en la historia de Puerto Rico. Nuestro compromiso con Puerto Rico es firme, por ello continuaremos trabajando arduamente.