Luis Balbino Arroyo

Punto de vista

Por Luis Balbino Arroyo
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La jueza Sotomayor ante el estatus político de Puerto Rico

La decisión del Tribunal Supremo en el caso Fiscal Oversight and Management Board v. Aurelius validó el nombramiento por los presidentes Barack Obama y Donald Trump de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. A pesar de los intentos de algunos juristas puertorriqueños por plantear en la agenda del Supremo el asunto del estatus político de Puerto Rico, el Tribunal se rehusó a entrar en el tema. Afortunadamente, la jueza Sonia Sotomayor dio un grito de guerra en defensa de nuestro derecho a decidir nuestro futuro.

La decisión de la jueza Sotomayor plantea con claridad el problema de la interpretación que se la ha dado a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en Puerto Rico y en el Congreso. Estos pretenden decir que en pleno siglo XXI, el gobierno federal tiene facultades omnímodas sobre ciudadanos americanos por el mero accidente de donde viven. Esto es contrario al acuerdo “en la naturaleza de un pacto” que estableció la Ley 600 y que fue representado así a las Naciones Unidas en 1953. 

La jueza Sotomayor dejó claro que en su opinión el gobierno de los Estados Unidos en 1952 realizó un acto con consecuencias jurídicas que alteró su relación con Puerto Rico. En inglés ese acto se llama Commonwealth. En Puerto Rico, le decimos ELA. La jueza fue más allá y cuestionó seriamente que el pacto entre Puerto Rico y Estados Unidos fuera revocable unilateralmente por el Congreso. En su opinión, la jueza Sotomayor cita un escrito de 2017 del exgobernador Rafael Hernández Colón que expresa su posición de que el Congreso no retiene los poderes territoriales que entregó en 1952. Para ella, el poder del Congreso sobre Puerto Rico no debe ser absoluto.

Toda cláusula constitucional, todo poder plenario, tiene límites. Los poderes constitucionales del gobierno no son ilimitados. Son limitados por los derechos constitucionales de sus ciudadanos. En la opinión de la jueza Sotomayor, los poderes del Congreso federal deben estar limitados por el Pacto de 1952.

Mi tesis por varios años ha sido que los puertorriqueños tenemos un derecho fundamental a la autodeterminación de nuestro futuro político. Ese derecho proviene de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que protege los derechos no enumerados explícitamente pero que están “profundamente arraigados en la historia constitucional de los Estados Unidos”. Washington v. Glucksberg, 521 U.S. 702, 721 (1996). ¿Qué debe estar más profundamente arraigado en una democracia, que el derecho de cada persona a escoger su forma de gobierno?

Algunos dirán que la única forma de atender este problema es con un cambio de estatus político. Pero está claro que ni la estadidad tiene los votos en el Congreso, ni la independencia tiene los votos en Puerto Rico. Nuestro derecho a la democracia no puede estar sujeto a un cambio de estatus político. Tiene que reconocerse de inmediato como un asunto de derechos civiles. El primer paso para atender el estatus político de Puerto Rico debe ser reconocer ese derecho fundamental a la democracia.


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