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3 de julio de 2025
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Como predije, la legislatura no aprobó el proyecto que hubiese habilitado el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD). La amenaza de que se pierda la paralización de litigios no funcionó: es poco probable que la jueza haga lo que el Congreso quiso evitar con la ley Promesa. Tampoco funcionó la falsa advertencia de que ahora habría que pagarles $100 millones en penalidad a los bonistas, pues no es cierto: la página 44 del “Amended and Restated Plan Support Agreement” dice que hubiese que pagarlos por razones que no sean por falta de legislación.
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