La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), entidad que me honro en presidir, tiene la gran responsabilidad de implementar la política pública energética de Puerto Rico. Hoy día la política pública energética incluye, pero no se limita a, regular a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a otras compañías de servicio eléctrico certificadas, en el servicio eléctrico que le brindan a la ciudadanía.

Los huracanes Irma y María reafirmaron que es necesario promover mecanismos que faciliten la generación distribuida. Dado que en los procesos tarifarios la CEPR tiene que evaluar lo que sucede en la red eléctrica como un todo, permitir y facilitar el desarrollo de micro-redes y medición neta no es incompatible con el pleno desarrollo de la AEE, esté esta en manos privadas o no. Tampoco lo es adoptar un reglamento de trasbordo para facilitar el desarrollo de generación independiente a la de la AEE, independientemente que dicha entidad esté en manos privadas o no.

Conforme a nuestro estado de derecho, la CEPR es, luego de un proceso administrativo de amplia participación ciudadana y de llevar a cabo un análisis profundo de la prueba presentada en dicho proceso administrativo, quien aprueba o modifica las tarifas o ajustes tarifarios solicitados por los regulados. Es una responsabilidad indelegable de la CEPR armonizar los intereses de todos los regulados con el bienestar público a través de tarifas justas y razonables, y permitir a todo proveedor de servicio, una operación saludable que haga posible recobrar la inversión prudente de capital y los gastos prudentes de operación, mantenimiento y administrativos. En todas sus gestiones, no solo en la tarifaria, la CEPR debe actuar con completa independencia, y es su norte hallar un balance entre los intereses de los regulados y el bienestar público.

Es por lo anterior que, distinto a las demás agencias administrativas del gobierno y en ánimo de garantizarles a los entes reguladores mayor independencia, las leyes habilitadoras de las comisiones incluyen, tanto a nivel federal como estatal, disposiciones como las que Charles F. Phillips Jr. menciona en The Regulation of the Public Utilities, y cito:

“Appointments are for definite, but staggered, terms. No more than a majority of the commissioners may be from the same political party. Although a President may not find it difficult to locate persons in the opposition party who share his point of view, this provision does insure a lack of partisan responsibility. Removal of commissioners from office is limited. Statutes generally confine the executive’s power of removal to inefficiency, neglect of duty, or malfeasance in office.”

En Puerto Rico, tanto la Ley 57-2014, según enmendada, como la recién aprobada Ley 120-2018 y el P. de la C. 1408, el cual está pendiente de la firma del gobernador, Hon. Ricardo Rosselló Nevares, incluyen disposiciones como las antes citadas, lo que prueba y reafirma el carácter independiente, que tanto el ejecutivo como la legislatura han querido conservar en las funciones adjudicativas y regulatorias de la CEPR.

Hoy, más que nunca, Puerto Rico necesita un ente regulador capaz de actuar con plena independencia para implementar una política pública energética que garantice su desarrollo económico, le permita competir en el mercado globalizado y promueva la conservación del medioambiente para el goce y disfrute de nuestra generación y el de generaciones futuras.

Que así sea.