Las actuaciones de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico ante la crisis del COVID-19 podrían indicar un cambio de dirección en el curso que llevaba ante el tribunal de Promesa o tal vez, una mera pausa en su trayectoria.  

Hay que examinar la moción del 23 de marzo, en la cual la Junta solicita al tribunal de Promesa la suspensión de los procesos relacionados a la aprobación del Plan de Ajuste de Deudas del gobierno (POA, en inglés), señalada para antes de las elecciones generales. 

La pregunta es si la Junta ha cambiado su postura neoliberal, que resultó en la imposición de recortes y austeridad extrema en los presupuestos y planes fiscales certificados en los últimos dos años.  

En términos náuticos, la Junta navegaba un rumbo de remonte acelerado para aprobar un POA antes de noviembre de 2020. Ahora podría estar intentando un cambio de dirección frente al viento o meramente “orzar” para disminuir su rumbo. 

En su moción del 23 de marzo la Junta indicó que el Plan Support Agreement (PSA), respaldado por más de $10,000 millones de valor de bonos, caduca el 31 de agosto de 2020; a la vez solicita respetar dicha fecha para evitar la cancelación del PSA, que, según la Junta, favorece a todas las partes. 

Igualmente, el comunicado de prensa emitido por la Junta el 21 de marzo de 2020 provee otras claves sobre sus planes ante la crisis humanitaria y económica causada por el COVID-19.  

En su comunicado, la Junta informa estar de acuerdo con la gobernadora Wanda Vázquez en proteger a los residentes de la isla como “primera prioridad” y dice que “colaborará” con la gobernadora para asegurar la salud y seguridad de Puerto Rico.  

El comunicado repite el mantra de que la Junta se creó para: 1) “establecer responsabilidad fiscal”, que normalmente significa planes fiscales austeros, presupuestos balanceados y cero gasto deficitario y 2) “acceso a los mercados”, que normalmente requiere repago sustancial de deuda a los bonistas, recorte a pensiones, repago insignificante a los no asegurados y pago a bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica.  

La Junta también menciona que ha “ayudado” al gobierno a crear un Fondo de Emergencia y aprobar su uso para la crisis, pero reconoce que dichos alivios no serán suficientes.  

La Junta finalmente solicitó al tribunal la posposición de los términos y la vista de aprobación de la Declaración Informativa, la radicación de un reporte antes del 15 de mayo de 2020 sobre las medidas tomadas por el gobierno ante la crisis del COVID-19 y una propuesta de señalamientos para aprobar el POA. 

A la luz de lo anterior, sería prematuro decir que la Junta ha rizado o reducido sus velas en rumbo de imponer un POA, sino que meramente ha pospuesto los procedimientos mientras se aclara el impacto que puedan tener los fondos federales sobre la resolución de la deuda de Puerto Rico bajo Promesa, en vista de los gastos y remedios económicos extraordinarios que el COVID-9 impone. 

Luego, la Junta tendrá que redactar un nuevo POA para presentar al tribunal, posiblemente sin la aprobación del gobierno local, al menos que se aumente el recorte a bonistas y se elimine el recorte a pensiones y otras medidas políticamente inaceptables.

Lo que parece claro es que el gobierno federal ha iniciado otra etapa que los críticos han llamado socialismo-capitalista, donde el rescate a las instituciones financieras procede de forma instantánea y de magnitud sin precedente.  

Se espera que los alivios a las pequeñas empresas, clase media y trabajadores tengan igual eficiencia, velocidad y magnitud que los rescates inmediatos ya implantados por el Federal Reserve y el Ejecutivo federal para las instituciones financieras consideradas demasiado grandes para fracasar. 

Además, resultaría inhumano permitir discriminen geográfico alguno contra aquellos ciudadanos-territoriales sin representación congresional ni poder del voto presidencial, en la reglamentación, asignación, calendario o distribución de fondos federales para sanar la crisis COVID-19.