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4 de julio de 2025
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Nadie puede cuestionar la necesidad de medidas contundentes para atender el contagio del coronavirus. Igualmente, nadie debe cuestionar que los gobiernos tomen medidas razonables para ello y que estén avaladas por profesionales de la salud. Ahora bien, otra cosa es que los ciudadanos estemos impedidos de evaluar y cuestionar la legalidad y racionalidad de dichas medidas. Más aún: es obligación de los profesionales del derecho orientar a la ciudadanía y al propio gobierno sobre la legalidad de las actuaciones del último. Por eso es que, precisamente, la abogacía puertorriqueña no puede moverse al ritmo de la sinfonía que toque el gobierno como si fuéramos los ratones de la fábula de “El flautista de Hamelín”.
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