Nadie puede cuestionar la necesidad de medidas contundentes para atender el contagio del coronavirus. Igualmente, nadie debe cuestionar que los gobiernos tomen medidas razonables para ello y que estén avaladas por profesionales de la salud. Ahora bien, otra cosa es que los ciudadanos estemos impedidos de evaluar y cuestionar la legalidad y racionalidad de dichas medidas. Más aún: es obligación de los profesionales del derecho orientar a la ciudadanía y al propio gobierno sobre la legalidad de las actuaciones del último. Por eso es que, precisamente, la abogacía puertorriqueña no puede moverse al ritmo de la sinfonía que toque el gobierno como si fuéramos los ratones de la fábula de “El flautista de Hamelín”. 

El problema de la orden ejecutiva (2020-023) emitida por la gobernadora lo ilustra con gran precisión el juez asociado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Torres al expresar lo que puede entenderse como una genuina preocupación sobre los problemas constitucionales de los que puede adolecer, particularmente su ambigüedad y “sobre extensión”. Ello es más manifiesto cuando se compara con medidas tomadas en estados y ciudades de los Estados Unidos. 

Analicemos. Comencemos felicitando a la gobernadora por la iniciativa. En principio, es un acierto un toque de queda de 9:00 pm a 5:00 am, lo que va en la dirección correcta pues hay que limitar la socialización en comercios y lugares públicos, particularmente en ese horario. De igual forma, es acertado el cierre de actividades donde se aglomeran muchas personas, como conciertos, bailes y actividades comerciales. La mayoría de las excepciones también parecen ser razonables. Pero hasta ahí los aciertos. 

El problema de la orden es su vaguedad, porque crea dudas, y su “sobre extensión”, porque puede incidir de manera irrazonable en el ejercicio de derechos constitucionales. Por ejemplo: no todos los comercios son iguales. Hay comercios en los que solo hay una o pocas personas con interacción mínima y a más de seis pies de distancia. La gobernadora debe considerar que muchos de estos pequeños comerciantes no tienen recursos para guardias privados, por lo que tienen que personarse a sus negocios para asegurarse de que todo está en orden. Por otro lado, con los servicios de plomería, electricidad o fumigación —por mencionar solo algunos—, que son a domicilio, por personas que no presenten síntomas y que tomen las medidas preventivas recomendadas por el CDC, resulta improbable el contagio, por lo que no tiene sentido su inclusión absoluta. 

Relacionado con la vaguedad, añadamos que no toda actividad privada es comercial; por ejemplo, la educación. ¿Cómo se van a ofrecer cursos y clases a distancia si no se puede capacitar a los profesores (en muchos casos presencialmente) para estos acudir a sus escuelas y universidades ypreparar los cursos? De igual manera, los servicios fundamentales que ofrecen las ONG a la ciudadanía, ¿se van a impedir? 

En un sistema constitucional y republicano no existe tal cosa como poderes inherentes u omnímodos de ningún gobernante. El ejercicio del poder debe tener legitimidad y validez constitucional. Una orden ejecutiva tiene que ser razonable y atender racionalmente su finalidad.  No puede convertirse de facto en una ley marcial, que está limitada constitucionalmente a situaciones de rebelión o invasión exclusivamente. Tampoco una orden ejecutiva puede crear delitos, salvo que exista una disposición estatutaria que disponga específicamente los parámetros para ello; y la Ley 20-2017 parece ser muy ambigua al respecto.  Otro problema es que en la orden ejecutiva se menciona que se promulga en virtud de las secciones 5 y 6 del Artículo VI de la Constitución, que nada tienen que ver con el asunto que se pretende atender. 

Recomendamos a la gobernadora que modifique esta orden y que se identifique con claridad la base constitucional en la que realmente se ampara. Sabemos que le ha tocado gobernar en tiempos difíciles y a todos nosotros vivirlos. Ella merece nuestro apoyo, pero jamás nuestro silencio. El precio de la libertad es su eterna vigilancia —como apuntó Thomas Jefferson— porque no puede atenderse una crisis provocando otra.