A medida que pasan los días de aislamiento por el COVID-19, va creciendo la ansiedad sobre cómo aliviar el costo económico de la interrupción de labores para las personas y los negocios. Esto ocurre por igual en Puerto Rico y en Estados Unidos, por lo que existe la posibilidad de que el gobierno federal asuma una gran parte de los costos de esta crisis y le ahorre al gobierno local una carga fiscal que podría resultar muy pesada.

Desde antes de que se comenzara siquiera a hablar de esta nueva epidemia, ya muchos economistas advertían que la política monetaria está casi agotada y que si la economía de Estados Unidos se enfrentara a una recesión sería necesario recurrir a la política fiscal; es decir, aumentar el gasto público y reducir los impuestos. La súbita interrupción de la vida económica ordinaria ocasionada por la pandemia es mucho más que una recesión común y corriente, y el gobierno federal ha tenido que desplegar un arsenal de medidas fiscales que probablemente se ampliarán en los próximos meses.

Una propuesta interesante que proviene de la Casa Blanca es la de otorgar dos cheques de hasta $1,000 a millones de ciudadanos. Según la propuesta, estos pagos se realizarían en los meses de abril y mayo, y se enviarían directamente a los hogares.

La medida puede sonar radical, especialmente en una administración republicana, pero tiene precedentes. Hace doce años, en momentos de la crisis financiera del 2008, el entonces presidente Bush (hijo), también republicano, promovió un programa fiscal agresivo que incluyó enviarles cheques a unos 130 millones de contribuyentes.

El programa de Bush incluyó a Puerto Rico, y conllevaba pagos de hasta $600 para individuos y $1,200 para parejas. Las personas con niños dependientes podían recibir, además, $300 por cada niño.

Esta es una de las formas en las que el gobierno puede repartir dinero como si cayera del cielo, de ahí que se le llame “dinero de helicóptero”.  Es una manera drástica de inyectar poder adquisitivo a la economía para estimular la demanda en una economía débil, y sólo se hace en situaciones de estrés económico severo.

Algunos economistas locales hemos propuesto algo similar para ayudar a los miles de trabajadores puertorriqueños que quedarán sin ingresos mientras dure el aislamiento por la pandemia. El costo para el gobierno de Puerto Rico sería bastante alto, por lo cual sería un gran alivio si la iniciativa se implantara a nivel federal. De ser así, se podrían dedicar más recursos locales a otras urgencias, como equipar mejor al sistema hospitalario y a los cuerpos de seguridad pública.

La política fiscal agresiva del presidente Bush continuó en la administración demócrata de Barack Obama, y sin duda ayudó a paliar los estragos causados por una de las recesiones más duras que se han visto en Estados Unidos. La famosa ley ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) le inyectó a Puerto Rico unos siete mil millones de dólares en poco más de un año durante la administración de Obama.

El drama del 2008-2010 es diferente al actual, pero el elemento común es que un evento impredecible con consecuencias dramáticas—un “cisne negro”—obliga a las autoridades a movilizar la política monetaria y la política fiscal con medidas que serían excesivas y extravagantes si se tratara de una recesión ordinaria.  Para una economía como la nuestra, en “probatoria fiscal” y vapuleada por desastres naturales, la pandemia del COVID-19 trae unos grandes costos económicos adicionales, además del posible costo humano. Tenemos que movilizar todos los recursos propios disponibles, pero sería de gran ayuda poder contar con el apoyo de la política fiscal federal.