El fundamento de una sociedad libre y democrática es el poder que emana del pueblo. El Estado y todos sus funcionarios, sin excepción, se deben y están sujetos a la voluntad de ese pueblo, quien tiene el derecho de examinar sus actuaciones, pedirles cuenta, criticarlos e incluso, exigir su salida.

En Puerto Rico el desvío por parte de los funcionarios públicos de sus deberes básicos y la falta de transparencia en la función pública es grave. Tan grave es el problema que este verano el pueblo explotó en reacción de indignación frente a los abusos, insensibilidades y desmanes de aquellos que se suponía que le protegían y servían en su condición de funcionarios públicos.

Los abusos del gobierno y de sus funcionarios son más conocidos en lo que respecta a las Ramas Ejecutiva y Legislativa, pero no así con la Judicial. En nuestro sistema de tribunales, todos los días acuden mujeres maltratadas a solicitar órdenes de protección contra abusos y maltratos, que sin razón justificada se les niegan; parejas que se divorcian y los tribunales con su pobre manejo de los procesos les condenan a la infelicidad eterna; padres responsables que ansían compartir con sus hijos e hijas y a quienes se les priva de una de las relaciones más maravillosas de la vida; ciudadanos y empresas a quienes se les tima en transacciones comerciales y transcurren años y años sin que el sistema atienda cabalmente sus reclamos; personas involucradas en accidentes de tránsito que quedan frustradas en sus reclamos, y jóvenes encausados criminalmente a quienes se le priva del don preciado de la libertad en situaciones en que no la hubiera perdido una persona acaudalada.

Quien haya tenido que asistir a un proceso judicial, sabe que constituye una experiencia tortuosa y con frecuencia, humillante, que ningún ser humano tiene que tolerar. Toda esta experiencia traumática contra el pueblo la produce el propio gobierno de Puerto Rico, por medio de una de sus agencias menos fiscalizadas que existe: la Rama Judicial. La atención del pueblo y de los medios de comunicación se concentra en las actuaciones de la gobernadora, su gabinete, la Asamblea Legislativa, y los alcaldes y alcaldesas. Lo que acontece en los tribunales pasa mayormente desapercibido. No existe justificación para ello.

El poder que recae sobre quien preside una sala judicial incluye el poder conceder libertad o negarla de por vida y autorizar o negar transacciones multimillonarias. Ese empleado judicial, como ocurre con los empleados y empleadas de las otras ramas de gobierno, puede estar sujeto a todo tipo de influencia o irregularidad. Como en el ejecutivo y en el legislativo, hay muchos funcionarios honrados, otros no. Basta recordar los ejemplos recientes de los jueces Manuel Acevedo López y Rafael Ramos Sáenz.

Quienes mejor conocen las irregularidades que aquejan a la Rama Judicial son los abogados y abogadas que todos los días viven lo que allí acontece. Pero, estos y estas estánimpedidos de ejercer su derecho básico de libertad de expresión y de peticionar al estado, para comunicar y denunciar lo que está mal en ese sistema, por un régimen de censura y amordazamiento que les imposibilita hablar a fin de que el pueblo conozca la verdad.

La incompetencia y corrupción es incompetencia y corrupción, la cometa un gobernador, un legislador o un juez. Hay jueces honrados y serios, pero también, los hay incompetentes y corruptos y así hay que denunciarlos y llamarlos, punto. Darle a un empleado público una especie de patente judicial para reclamar condiciones privilegiadas y licencia para trasgredir la confianza pública sin poder ser denunciado como lo que es, es traicionar a la patria y al sistema democrático.

El verano 2019 tiene que llegar también a los contornos de la Rama Judicial, para que con humildad y sin falsas pretensiones de superioridad, respondan al soberano: el pueblo de Puerto Rico. Que al sistema judicial no le pase lo que ocurrió con el gobernador Rosselló. Es sabio aprender por errores ajenos.