Si algo distingue a los y las puertorriqueñas es su ingenio. Como se dice en la calle, su capacidad para inventársela y salir adelante en las circunstancias menos auspiciosas. La capacidad inventiva distingue a las sociedades emprendedoras que, tanto en el plano personal como en el colectivo, alcanzan con éxito sus objetivos.

No obstante, si contamos con ese talento, ¿por qué no podemos ingeniárnoslas para salir de la crisis? Existen razones variadas para ello, incluyendo el omnipresente problema político colonial que se hace sentir en todos los renglones de nuestro vivir. Nos interesa examinar otro elemento, el del gobierno. En Puerto Rico, el estado es el gran entorpecedor, el gran mutilador de nuestra inventiva e ingenio, muy particularmente a través de una estructura opresiva de permisos.

El estado requiere un permiso para todo. La naturaleza del problema con los permisos es tal, que hemos acuñado un neologismo para describirlo, la permisología. La gobernadora y el secretario de Desarrollo Económico han admitido que la supuesta reforma de permisos ha sido obstruida por las propias agencias y empleados de gobierno. No hay tragedia mayor.

La base de nuestro sistema político y económico es la libertad de acción y de contratación. El pueblo, mediante sus esfuerzos e iniciativas, desarrolla la actividad que hace posible generar los bienes y servicios que necesitamos y nos interesan. En cada puertorriqueña y puertorriqueño, desde que nace, late un emprendedor. Todos tenemos un sueño, una aspiración que anhelamos desarrollar. Esto incluye el deseo de ofrecer a otros nuestra inventiva artística o profesional; la de montar un taller de mecánica o de servicios electrónicos; un salón de estilismo; contar con un local propio donde desarrollar nuestros talentos en la cocina y hasta la inquietud de asistir a la población con necesidades especiales o a los ancianos. La lista de sueños e iniciativas es inmensa, pues nuestro talento es igualmente inmenso, pero así también de inmensa es la lista de permisos y de obstáculos gubernamentales a vencer. Pues para convertir esos sueños en acción y realidad, hacen falta permisos, muchos permisos.

A quien esta estructura le troncha los sueños y le niega la oportunidad de alcanzar su desarrollo pleno es a los menos privilegiados. Los grandes desarrolladores cuentan con los medios para vencer al sistema. De hecho, a ellos la estructura de permisos le sirve de instrumento para cerrarle el paso a la competencia. Pero, el ciudadano común no cuenta con los instrumentos para luchar por meses y hasta años por un permiso. Tampoco cuenta con recursos para comprar al sistema ya sea mediante el mecanismo de la corrupción legalizada, que es la figura del gestor, o pagando el “peaje” a la estructura interna del estado para que cumpla con el trabajo que le corresponde.

La impugnación de ese sistema por la vía judicial es igual de inoperante y frustrante. Además de costoso, el proceso judicial es desarrollado por personas desconocedoras de la naturaleza y problemática básica de la actividad emprendedora y para colmo de males, le brinda deferencia total al corrupto e ineficiente sistema administrativo. Más insólito aún, impone un código de silencio antidemocrático que imposibilita denunciar y corregir sus irregularidades en perjuicio del pueblo a quien debe servir.

Como bien articuló el presidente Lincoln, el estado es un instrumento del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. En Puerto Rico, por el contrario, el pueblo es un instrumento del estado, el cual ha cobrado vida, independientemente de ese pueblo, para servirse a sí mismo y procurarse su autopreservación. La razón de la reglamentación es hacer posible que los ciudadanos como sociedad alcancen sus objetivos, no impedirlo. Llegó el tiempo de acabar con la tiranía antidemocrática de los permisos. La solución es que el estado reconozca su fracaso en lo que respecta a los permisos y permita al ciudadano iniciar sin trabas mayores sus iniciativas. Corresponde al ciudadano, una vez opere, cumplir con el ordenamiento y servir bien a los demás.