Julio Fontanet
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La unanimidad entre racistas y carpeteros

La postura del Procurar General, en la que reconoce que la decisión del caso de Luisana v. Ramos (sobre la exigencia de unanimidad en los veredictos) aplica a Puerto Rico, debe disipar cualquier duda que se pudiese tener sobre el particular. Algunas personas esgrimían que, de conformidad con lo resuelto en Balzac, era necesaria una acción del Congreso o del Tribunal Supremo federal. 

El problema es que Balzac fue resuelto previo a la doctrina de incorporación selectiva, que hacía aplicable a los estados los derechos fundamentales contenidos en la constitución federal. Más importante aún: que lo decidido en 1979 (en el caso de Puerto Rico v. Terry Torres) por el propio Tribunal Supremo federal estableció que Balzac y los casos insulares fueron resueltos en un contexto histórico en particular y no constituyen autoridad para cuestionar la aplicación de los derechos fundamentales incluidos en la Carta de Derechos. Así, pues, desde 1979 no podía afirmarse que la doctrina de los casos insulares impedía la aplicación de derechos reconocidos como fundamentales. 

Por otro lado, desde 1965 nuestro Tribunal Supremo ha estado incorporando derechos que el tribunal federal cataloga como fundamentales, como hizo en el caso de Rivera Escuté al incorporar el derecho de personas sospechosas a asistencia de abogado, establecido en el caso de Escobedo. Lo hizo de manera categórica, sin expresar que era necesaria acción del Congreso o del Tribunal Supremo estadounidense. La postura del procurador —que también se allanó a que la decisión sea retroactiva a casos cuyas sentencias no son finales ni firmes— solo deja una interrogante por resolver: si la retroactividad se extiende a casos cuya sentencia es final y firme. Ese asunto llegará a la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos y al de Puerto Rico, que tendrán que resolver si la nueva norma constitucional es sustantiva, procesal crucial o meramente procesal. 

A pesar de ello, no se puede “pasar la página” sin cuestionarnos por qué en nuestra Constitución no fue requerida la unanimidad de veredicto, como aconteció en 48 de los cincuenta estados. Gracias al caso de Ramos, sabemos que en Oregón y en Luisiana se debió a consideraciones raciales. En Oregon fue para “dilute the influence of racial, ethnic and religious minorities on Oregon juries”; y en Luisiana “to ensure that African –American juror service would be meaningless”. Es decir: no querían que se les “colara” un afroamericano que pudiera votar en contra de la mayoría de los integrantes blancos del jurado. 

¿Y en Puerto Rico? Hace poco tuve acceso a un estudio del colega Harry Padilla sobre el particular y el debate generado en la Asamblea Constituyente. Un delegado presentó una moción para que en la Constitución no se estableciera que el veredicto tenía que ser por mayoría o por unanimidad. Ello fue objetado por Jaime Benítez, quien expresó que, si se dejaba en blanco, implicaría que, de conformidad con el derecho anglosajón, entonces se requeriría unanimidad. Él se oponía ya que prefería un veredicto de mayoría 9 a 3; se trata de la misma persona a la que, después de la huelga de 1948 en la UPR, se le asocia con el despido de empleados y expulsión de estudiantes por razones ideológicas.

Por otro lado, fue entre 1948 y 1952 —según señala Ivonne Acosta en su libro La mordaza— que se empezaron a realizar cambios en nuestro ordenamiento jurídico para facilitar la persecución y condena de personas por razones ideológicas. No requerir unanimidad era parte de esa corriente: no se quería que se “colaran” algunos disidentes en los jurados que obstaculizaran la voluntad de la mayoría política del momento. 

Hace poco alguien me preguntó si sería “políticamente correcto” enmendar la Constitución para corregir este vergonzoso historial. Le expliqué que no, que ya esa disposición es letra muerta, pero que, además, es bueno dejarlo como un recordatorio de que jamás debe utilizarse el Derecho para legitimar la persecución por razones políticas.


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