La noticia del aumento sustancial en la fianza de Jensen Medina Cardona, presunto asesino de Arellys Mercado Ríos, recorrió las redes sociales del país. Hubo un alivio colectivo al conocer que Medina Cardona iba rumbo a la cárcel, donde deben estar los imputados de delito que representan un riesgo para la comunidad. 

Es buen momento para reflexionar sobre el impacto público que tuvo la primera fianza impuesta a Medina Cardona, la cual fue motivo de muchas críticas, incluyendo las del presidente del Senado en pleno hemiciclo. ¿Qué podemos hacer para mejorar el sistema de fianzas en Puerto Rico?

Comencemos por señalar lo evidente. Nuestra Constitución expresa lo siguiente sobre la fianza: “Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio”. Este es un derecho que no reconoce la Constitución de Estados Unidos, por lo que estaría a la discreción de nuestro pueblo el eliminarlo o restringirlo.

Sin embargo, en dos ocasiones se han celebrado referéndums donde el pueblo ha rechazado enmendar nuestra Constitución para restringir el derecho absoluto a la fianza. En el año 2012, se propuso una enmienda constitucional a los fines de “otorgarle discreción a los jueces para conceder o denegar el derecho a permanecer en libertad bajo fianza a los acusados de asesinato cometido con premeditación, deliberación o acecho; los acusados de asesinato cometido en medio de un robo en el hogar; acusado de asesinato en el curso de una agresión sexual o secuestro; los acusados de asesinato cometido al disparar un arma de fuego desde un vehículo de motor o en un lugar abierto al público, poniendo en riesgo la vida de más de una persona; o cuando la víctima del asesinato sea un agente del orden público que se encuentre en el cumplimiento de su deber”. En estos casos el juez tendría discreción para conceder o denegar la fianza, tras evaluar si el acusado representa riesgo de fuga, riesgo de destrucción de evidencia o riesgo para la seguridad de otras personas en la comunidad.

Luego del referéndum del 2012 observamos cómo nuestra judicatura respondió imponiendo, en casos meritorios y de impacto público, fianzas mucho más altas. Nos acostumbramos a las fianzas multimillonarias que en efecto sacan de circulación a personas que representan un riesgo para nuestra comunidad. Es por esto que nos chocó, como pueblo, el que al presunto asesino de Arellys se le impusiera una fianza relativamente baja que este pudo fácilmente prestar. Fianza que la juez legalmente impuso bajo los parámetros constitucionales existentes. 

En una sociedad violenta donde per cápita tenemos una de las tasas más altas de criminalidad en la nación y en el mundo, tenemos uno de los sistemas que más derechos otorga a los imputados. Estos derechos exceden “por mucho” los derechos que otorga el sistema criminal federal, sistema que nuestra comunidad admira y respeta. 

Vista parala determinación de causa para el arresto (la cual ahora queremos enmendar para otorgar más derechos a los imputados), Regla 6 en alzada, vista preliminar y vista preliminar en alzada, son algunos de los obstáculos procesales que nuestros fiscales tienen que vencer antes de llevar un caso a la etapa del juicio. 

Por otro lado, en la esfera federal el acusado solo tiene “derecho” a que un gran jurado “secreto” lo acuse, proceso al cual el imputado “no tiene derecho a comparecer ni tiene el derecho a representación legal”. La próxima parada luego de una acusación “secreta” es el juicio. ¡Así de fácil! De igual forma, en lo federal no existe un derecho absoluto a la fianza. La fianza frecuentemente se deniega porque el juez determina que “no existen condiciones de libertad bajo fianza que garanticen la comparecencia del acusado o la seguridad de los ciudadanos”. 

A menos que aprovechemos la coyuntura histórica, relacionada con la propuesta enmienda constitucional para crear el cargo de vicegobernador, para volver a plantearle al pueblo restricciones al derecho a la fianza, la bola estará en la cancha de las tres ramas de gobierno.

En las urnas el pueblo se ha expresado haciendo claro que no quiere despojarse del derecho constitucional a la fianza. Por otro lado, en las redes sociales nos quejamos de las fianzas que allanan el camino para que delincuentes regresen a la libre comunidad, representando un riesgo para los testigos y para la población en general. Solo existe una forma de enfrentar esta aparente contradicción. 

Las tres ramas de gobierno deben trabajar en unas guías para la fianza parecidas a las que existen en el sistema federal para las sentencias. Cada delito debe de tener una puntuación base que se traduzca en una cantidad mínima que el juez deba imponer de fianza. De esa base se debe partir para dar puntuación a los agravantes que a su vez se traduzca en un aumento en la cantidad de la fianza. 

De igual manera habría que trabajar con la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ). En el caso de Medina Cardona, fue diferida la fianza relacionada con una violación a la Ley de Armas. Esta fianza fue diferida (no la tuvo que pagar) porque es un primer ofensor y porque la mera posesión ilegal de un arma no implica el haber puesto en peligro la vida de un tercero. Increíble que no se tome en consideración el que dicha violación ocurrió en el marco de una cadena de delitos que culminó con la muerte de un ser humano.    

Las anteriores medidas eliminarían la subjetividad en el proceso, garantizarían un sistema uniforme de fianzas, protegerían a los jueces de críticas y respetarían la voluntad del pueblo de mantener la garantía constitucional a la fianza. Pero eso sí, dentro de unos parámetros que se ajusten a la realidad de la ola criminal que nos azota.