A raíz de la emergencia suscitada por los contagios del COVID-19 y la orden de distanciamiento social que rige al país, se han disparado los casos de violencia doméstica. Esta situación no ha sido un secreto y ha sido un tema abordado a nivel mundial. La proliferación de la violencia ha sido un escenario común en Francia, en España, en Estados Unidos y en países de Latinoamérica entre muchos otros. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre cómo las medidas restrictivas adoptadas en todo el mundo intensifican el riesgo de violencia intrafamiliar y la carga de trabajo en el hogar. En Puerto Rico, de igual manera, ha sido un tema de discusión en las últimas semanas y se han realizado múltiples esfuerzos para habilitar y flexibilizar recursos legales con el objetivo de proteger a esta población vulnerable. 

En nuestro país existen varias organizaciones dirigidas a brindar servicios especializados en casos de violencia de género. Grupos que se han dedicado con un alto nivel de compromiso a atender esta crítica problemática social. Se han desarrollado proyectos municipales y campañas mediáticas con el objetivo de identificar y mejorar el tiempo de respuesta para atender los reclamos de este sector. De igual manera se han asignado fondos federales, a través de los últimos años, a proyectos que brindan servicios directos a las víctimas del crimen.

No obstante, la muerte reciente de dos mujeres genera una gran frustración ante la impotencia de no lograr detener este ciclo de violencia antes y mucho menos durante la emergencia. Siendo así, se ha reavivado una vez más la urgencia de establecer un mecanismo sensible y responsable que responda a esta necesidad apremiante. Sin embargo, el enfoque que continúa imperando es el remediativo al trabajar mayormente con víctimas. Esto deja en un segundo plano el enfoque preventivo que trabajaría en limitar la génesis de este mal social. Establecer el nivel de efectividad de los servicios existentes puede adelantar el camino.  Mientras, los hallazgos de múltiples investigaciones a través del mundo establecen elementos que resultan esenciales evaluar. 

Se deben desarrollar relaciones entre padres e hijos positivas, estables y estimulantes. Se ha evidenciado que las mismas disminuyen la probabilidad de maltrato, la agresividad y por ende los actos de violencia en la adolescencia y en la adultez. Se ha comprobado la efectividad de los programas de refuerzo preescolar para promover empatía, comprensión de la diversidad y equidad. En la adolescencia resulta crucial el desarrollo de destrezas sociales que promuevan competencia emocional y conductual en la prevención de violencia juvenil. Se ha planteado a su vez la importancia de reducir el tráfico de armas ilegales que potencian el riesgo de asesinatos, los cuales son perpetrados en su mayoría con armas de fuego. De igual forma considerar reducir la disponibilidad y el consumo de alcohol y drogas puede, a largo plazo, incidir de manera positiva, puesto que muchos de los actos de violencia se llevan a cabo bajo los efectos de alguna sustancia. Sin embargo, para muchos, esto solo puede ser parte de un mundo ideal, muy lejos de la realidad. 

Es, por tanto, que resulta esencialmente necesario fomentar la igualdad de género, cuestionar de manera crítica los estereotipos y las normas sociales que promueven la violencia. Establecer y apoyar económicamente programas de prevención, de identificación, atención y apoyo. De manera paralela se deben visibilizar estos recursos a través de la redes sociales y medios de comunicación en general, de una manera activa y constante. De esta forma, la población en riesgo podría tener mayor acceso a los programas de servicios gratuitos y beneficiarse de manera oportuna. 

La violencia está firmemente atada a factores macroeconómicos como el desempleo, la desigualdad, los cambios sociales abruptos que afectan la economía y que perpetúan la dependencia de las poblaciones vulnerables y que a su vez limitan la capacidad de autogestión, autonomía e independencia. Es decir, la violencia y las condiciones de las poblaciones desventajadas son productos sociales y por ende las posibilidades de transformación deben engendrarse desde su núcleo, lo que requiere de nuevos paradigmas sociales que promuevan el bienestar y la seguridad de todos.