Entre los múltiples desafíos que enfrentamos en el siglo XXI están los límites de la democracia representativa. Ante el desmantelamiento del estado, la sociedad civil enfrenta la coyuntura de encontrar vías de expresión y empoderamiento. La crisis socioeconómica y climática que enfrentamos da cabida a toda una serie de líderes cuyo discurso demagógico en nombre de la “estabilidad” es a costa de los derechos civiles y humanos.

La teoría de separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) está en cuestión en las sociedades donde la desigualdad de clases se ha agudizado. Corrupción, nepotismo y malas prácticas socavan las bases de la democracia e incrementan la desconfianza del pueblo respecto a los políticos en el poder. De cara a estos retos, la profundización de la participación ciudadana en los debates sociales, en la propuesta de políticas públicas, en la defensa de intereses nacionales, está sobre la mesa como el próximo paso en la evolución de la democracia.

Esta búsqueda por la legitimidad y de mayor intervención del sector civil ante el poder del estado y de clase no es nada nuevo. Entre las definiciones está la democracia participativa, que podría resumirse en otorgarle protagonismo a la ciudadanía como agente activo en exigir, tomar iniciativas y organizar congresos de discusión pública. También existe la democracia directa, modelo que se aplica en diferentes países y establece límites al poder del estado. Entre sus mecanismos mencionamos el referéndum, la iniciativa popular y revocación de mandatos.

Tras las manifestaciones que arroparon a la isla en julio, se han llevado a cabo y se proponen las asambleas de pueblo. Un poderoso instrumento ciudadano para señalar y ofrecer alternativas ante la impotencia de las malas prácticas en el sistema bipartito. La ciudadanía se pregunta cuál es el próximo paso después de las protestas. Las asambleas presentan una oportunidad única de empoderar a la población y presentar exigencias conducentes al cambio necesario.

Ante la crisis actual, las asambleas de pueblo serían un primer paso en la redacción de una reforma de corte político que debe incluir, sin limitarse a, una reforma electoral y constitucional que incluya: segunda vuelta eleccionaria (para asegurar un mandato de mayoría), establecimiento de asambleas rutinarias y permanentes como organismos consultivos, y revocación de servidores públicos. Estas deben ser exigencias al presente sistema político, el cual no se va a autorreformar.

Las asambleas de pueblo propiciarían que los ciudadanos se congreguen consecuentemente para discutir temas de índole político, social, económico, cultural y medioambiental que les preocupan, y mantengan un diálogo que los empodere; esencial para mantener una democracia vibrante. Además, ahora la tecnología facilita la organización y consultas, agilizando el proceso de reunión y toma de decisiones, complementado conel acceso público a Internet.

En el Puerto Rico de hoy, la ciudadanía está lista y dispuesta a conversar sobre los asuntos que nos conciernen. Siempre lo estuvo, siempre nos hemos considerado un país democrático, pero las disyuntivas actuales nos enseñan que la democracia no es solo emitir un voto cada cuatro años. Urge una participación y vigilancia constante para que esta profundización democrática alcance todos los niveles que requiere una sociedad libre.