La discusión política y económica del país está llena de generalidades y de frases que se repiten recurrentemente. Esto último se ha hecho más manifiesto en las polémicas entre el gobierno y la Junta de Control Fiscal y, como si fuera poco, también en las continuas expresiones de Donald Trump sobre Puerto Rico, y sobre incidentes y personas en el mundo entero. 

Uno de los términos más utilizados recientemente es “populismo”. Se menciona —y con mucha ligereza— que determinado político o determinada propuesta son populistas. Históricamente, gobiernos como el de Hitler o el de Perón han sido tildados de populistas, por lo que ostentan intrínsecamente una carga muy negativa, particularmente cuando se miran sus respectivos “legados”. Se asocia también el populismo con un nacionalismo xenofóbico y   demagógico, y con una gestión gubernamental carente de planificación estratégica. 

El populismo, más que un término o concepto ideológico, es de naturaleza política y sumamente ambiguo, por lo que puede ser utilizado por/para movimientos de izquierda o de derecha. También ha tenido presencia en todos los continentes, en países desarrollados o en vías de desarrollo. Se traza su origen en la segunda mitad del Siglo XIX, en la Rusia de los zares, donde se le conocía como “Naródnichestvo”.  Las políticas de corte populista están orientadas a atender los reclamos de grupos que se sienten marginados y, además, tienden a gozar de mucha aceptación en aquellos países en los que exista un margen significativo de desigualdad entre los sectores sociales. 

El problema es que se tilda de populismo toda medida que pueda atender gran parte de la población y, entonces, es criticada por sectores que abogan por una economía menos regulada y con menor carga para los grupos de gran poder económico. Si esta corriente sigue en aumento, llegará el día en que se afirme categóricamente que la ley que impide los monopolios es de naturaleza populista. Después el Departamento de Asuntos del Consumidor, el Seguro Social y el Medicare caerían también en la categoría de populistas. Fue en ese contexto, precisamente, que se trató de justificar la eliminación de la Ley 80 y que ha puesto en peligro el bono de Navidad de los empleados públicos.  La estrategia aparenta ser muy sencilla. Cuando los grandes emporios económicos quieren atacar medidas de justicia social, contratan inmediatamente a asesores de toda índole, activan a los “analistas” y economistas que tienen por contrato e inmediatamente comienzan a tildar estas iniciativas de populistas. 

Todo esto cobra una importancia muy especial en Puerto Rico, particularmente en estos momentos. Diariamente se discuten en la Asamblea Legislativa, La Fortaleza y la Junta de Control Fiscal medidas para “atender” la crisis económica que desde hace décadas estamos padeciendo. En ese proceso se ha percibido que muchas de las medidas de austeridad están dirigidas a afectar negativamente un amplio sector de la población —que no es, ciertamente, el más opulento— pero, además, se percibe poco entusiasmo y voluntad para incentivar el desarrollo económico; evitan a toda costa imponer cargas donde realmente existen los recursos para responder y, que así, se reduzca el alto nivel de desigualdad que existe en el país. ¡Son tantos los ejemplos!  ¿Cómo se puede hablar de eliminar el bono de Navidad y no las escoltas de los exgobernadores o la flota de vehículos oficiales? ¿Cómo puede la Junta recomendar la eliminación de beneficios para los empleados públicos y privados mientras sus integrantes contratan asesores y empleados sin ningún tipo de limitación, aún con conflictos de interés, con beneficios exorbitantes y con honorarios muy por encima del mercado y de las posibilidades fiscales actuales?

Me imagino que la explicación es muy sencilla. Dirán que toda medida que sea para beneficio de la mayoría de los puertorriqueños es de corte populista. Pecado mortal.