El propuesto recorte a las pensiones del gobierno de Puerto Rico, como parte de la receta de austeridad de la Junta de Supervisión Fiscal federal, será uno de los principales temas de la campaña política de 2020.

La reducción de los ingresos mensuales de los jubilados, tomando como base un mínimo de mil dólares que incluye los beneficios del Seguro Social federal, representa el mayor golpe que el organismo federal dará a la calidad de vida de la isla en las próximas décadas.

En un país donde el acceso a los servicios de salud, la calidad de los servicios gubernamentales, la infraestructura física y social y el valor de las propiedades se deterioran rápidamente, resulta absurdo pensar que $1,000 mensuales tengan el mismo rendimiento que en Estados Unidos, donde se consideran bajo el umbral de pobreza.

La decisión de la Junta condenará a una vida de pobreza y desamparo a miles de puertorriqueños, justo cuando más necesitan la asistencia de la sociedad que ayudaron a levantar.

Por otro lado, el Sistema de Retiro del gobierno colapsó porque, además de que nunca tuvo un diseño actuarial sostenible, gobiernos de ambos partidos decidieron desangrarlo por décadas en aras de una competencia miope por los votos de esos mismos que hoy quedan sin amparo ante la reducción.

El gobernador Ricardo Rosselló sabe que es muy poco lo que su gobierno puede hacer para enfrentar exitosamente los designios de la Junta, cuyo poder emana del ejercicio de los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos.

Aún así, ha decidido no hablarle claro a los pensionados y crear un ambiente de arenga política, jurando que se enfrentará a la Junta sin importar las consecuencias. No es cierto.

Cuando el año próximo Puerto Rico tenga que comenzar a pagar la deuda pública que no ha servido desde 2016, el fisco de no tener los fondos para pagar los $2.5 mil millones que representan las pensiones en el presupuesto gubernamental. Es aritmética sencilla.

Mientras Ricardo Rosselló, por diseño político, se ha rehusado a materializar recortes al gasto público de una magnitud que permita enfrentar ambas obligaciones.

Pagar las pensiones requeriría trastocar los patrones de gasto público que por décadas han proporcionado una zona de comodidad a los políticos del patio.

Habría que cerrar agencias, consolidar instrumentalidades, vender corporaciones; en fin, acomodar el gasto a las realidades fiscales de una economía desamparada.

Pero al gobierno le resulta más fácil jugar con el espejismo de una supuesta liquidez récord y, si eso falla, inventarse otra lotería. Es cuestión de que no parezca su culpa.

El tema de las pensiones será central en el discurso de los candidatos oficialistas y de oposición en 2020.

Al gobernador lo beneficia una oposición incapaz de ir más allá de meramente señalar la crisis.

Así pues, como en tantas otras campañas los pensionados serán balón político, pero ante la ausencia de soluciones y el valor político para encaminarlas, tarde o temprano se hará con ellos la voluntad de la todopoderosa Junta.