La decisión de donde recortar o aumentar el gasto público o donde gravar ha respondido más a la política que a la economía. Por ejemplo, antes de la reconstrucción se justificó la demolición de la educación postsecundaria en que los recaudos iban a la baja, a pesar de que continuaron los contratos de publicidad y de alquiler. Otro ejemplo es la propuesta del impuesto a los terrenos donde una casa de Caimito pagaría lo mismo que una casa de Montehiedra, agravando la desigualdad social.

Quizás la peor decisión fiscal fue considerar los nuevos recaudos que trae la reconstrucción (ejemplo, contratistas que tributarán más ahora) para duplicar el pago de la deuda entre el plan fiscal pre-María y el post-María. Donald Trump aprovechó este error para oponerse a otorgar más fondos a Puerto Rico, tildando de “ineptos” a los políticos locales; epíteto que incluiría a la Junta de Control Fiscal que aprueba los planes.

El presupuesto recomendado para el próximo año fiscal también aguarda contradicciones, justo cuando los recaudos corrientes son los más altos al menos en 10 años.

Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) - De aplicarse el presupuesto recomendado tendría un aumento de $80 millones entre 2017 y 2020. Esta oficina impone austeridad, pero se aumenta su presupuesto. Con ese dinero adicional se podrían operar dos recintos regionales de la UPR cuyos beneficios al país serían mayores.

Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) - De concretarse los planes, esta dependencia tendría un aumento de $12 millones entre 2017 y 2020. Con ese dinero adicional se pudiesen operar tres institutos de estadísticas cuyos beneficios al País sobrepasan a lo que realiza AAPP, oficina que gestiona las privatizaciones para supuestamente generar “ahorros”.

Departamento de Educación (DE) - De 2017 a 2020 vería un aumento de $1,190 millones en su presupuesto, suficientes para crear otra universidad de Puerto Rico con 11 recintos y matrícula gratuita para 50,000 estudiantes. El presupuesto del DE (fondos locales) en 2017 fue $1,675 millones, cercano al presupuesto de todo el gobierno jamaiquino ($1.9 billones). El DE no necesita $1,190 millones adicionales con una matrícula en declive, con casi la mitad de las escuelas cerradas, con dudosos contratos jugosos mientras deja las maestras sin materiales y equipo. El DE necesita administrar mejor los $1,675 millones que tenía.

Departamento de Obras Públicas (DTOP) - El aumento para el periodo sería de $114 millones. Su presupuesto sería cuatro veces mayor a 2017. Hay un amplio consenso de que los servicios del DTOP competirían bien en un certamen de mediocridad mundial. Un plan de reingeniería es, entonces, necesario antes de cuadriplicar el presupuesto de esta agencia.

Oficina del Gobernador - El aumento de 2017 a 2020 sería de $14 millones, suficientes para crear tres institutos de estadísticas cuyos beneficios al país son indudablemente mayores a lo que realiza esta oficina.

Universidad de Puerto Rico (UPR) - La mejor universidad del país va camino a disminuir sus estándares, sus investigaciones y su acceso con un recorte de $312 millones durante 2017 a 2020. Así es que el gobierno quiere una economía del conocimiento y una población educada.

Instituto de Estadísticas – Un recorte de $500,000 de 2017 a 2020, representa 24% menos. Así es que el gobierno quiere mejorar las estadísticas, las cuales mejorarían la planificación pública y privada y garantizarían la confiabilidad en el gobierno.

Centro Comprensivo de Cáncer – El recorte de 2017 a 2020 es de $16 millones. Así es que el gobierno atendería la segunda causa de muerte de manera accesible y adelantaría las investigaciones en las ciencias.

Es evidente que el efecto distributivo de la política fiscal no es una prioridad para la Junta de Control Fiscal ni para el gobierno local.