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La decisión de donde recortar o aumentar el gasto público o donde gravar ha respondido más a la política que a la economía. Por ejemplo, antes de la reconstrucción se justificó la demolición de la educación postsecundaria en que los recaudos iban a la baja, a pesar de que continuaron los contratos de publicidad y de alquiler. Otro ejemplo es la propuesta del impuesto a los terrenos donde una casa de Caimito pagaría lo mismo que una casa de Montehiedra, agravando la desigualdad social.
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