Recientemente fue presentado ante la consideración de nuestro Tribunal Supremo un nuevo proyecto de reglas de procedimiento penal que pretende sustituir las reglas vigentes desde 1963.  Dentro de nuestro esquema constitucional, corresponde al Supremo encaminar ese proceso, aprobar inicialmente las reglas y remitirlas a la Asamblea Legislativa para su modificación o aprobación final.

No es polémico ni sorprende que los funcionarios (la mayoría) de nuestro sistema de justicia penal —así como la ciudadanía, en distinto grado y por distintas razones— no estén satisfechos con la normativa procesal existente. Sería lógico pensar, entonces, que existe cierto grado de optimismo porque hay un nuevo proyecto de reglas presentado.

Lamentablemente, el optimismo se desvanece al leer el proyecto. 

Hay que reconocer que el comité nombrado por el Tribunal para la confección de tan importante documento estaba compuesto por abogados y abogadas sumamente competentes que hicieron un esfuerzo extraordinario para reorganizar las reglas por capítulos, eliminar las que eran innecesarias o desfasadas, mejorar su redacción y atender algunas de las preocupaciones  esgrimidas por la abogacía y por los ciudadanos en cuanto a algunas de las disposiciones existentes.

¿Cuál, por tanto, es el problema? Concluyo que está en la raíz misma de la encomienda asignada al comité, al que se le instruyó que presentara un nuevo proyecto a partir del presentado en 2008 y que, además, tomara en consideración las enmiendas incorporadas desde entonces, así como el desarrollo jurisprudencial. Es decir: realmente no se trata de un nuevo proyecto sino de la actualización del anterior. Otra pregunta obligada es si esas son las nuevas reglas de procedimiento penal que el país necesita. 

Si se pretenden unas nuevas reglas, se debe comenzar identificando cuáles son los valores y principios que deben regir y matizar las reglas, así como la naturaleza y finalidad del nuevo proceso penal que pretenden implantar. Hay que decir sin tapujos si se quiere un proceso con más garantías de justicia o uno donde burdamente sea más fácil establecer la alegada culpabilidad de la persona acusada. ¿Queremos unas reglas que minimicen la posibilidad de que un inocente sea encontrado culpable o queremos unas que constituyan un manual operativo para el Departamento de Justicia?

Es de vital importancia, además —y previo a la redacción y aprobación de unas nuevas reglas—, identificar los problemas con las reglas vigentes para asegurar que son atendidos con el nuevo proyecto. Si algo ha sido manifiesto en los Estados Unidos es el malestar existente en cuanto a las penas y los procesos por los cuales se hace sumamente difícil garantizar una adecuada representación legal a las personas acusadas. De ahí han surgido propuestas de cambio, tanto del expresidente Obama como del mismo Trump. Es preocupante que un país que cuenta con el 5% de la población mundial tenga el 25% de todos los presos del planeta; y nosotros somos parte de esas estadísticas.

Como director del Proyecto Inocencia de Puerto Rico, me preocupa que el proyecto de las nuevas reglas de procedimiento penal no atienda ninguno de los problemas asociados con las causas que mayormente generan las condenas erróneas, como son el que la rueda de detenidos no sea realizada por un ente independiente a la Policía y que las confesiones no sean grabadas para poder evaluarlas objetivamente. Añadamos a esto la necesidad de que se amplíe el proceso de descubrimiento de prueba, de que se impongan sanciones cuando el estado suprima evidencia exculpatoria o cuando los funcionarios del sistema incurran en conducta inapropiada, que se garanticen más derechos en la etapa investigativa del proceso y que, en la etapa inicial, exista la posibilidad de contrainterrogar testigos de cargo, no a meros affidavits.

Si aspiramos con honestidad intelectual a un sistema de justicia más cabal, comencemos con unas reglas que lo promuevan.