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Recientemente fue presentado ante la consideración de nuestro Tribunal Supremo un nuevo proyecto de reglas de procedimiento penal que pretende sustituir las reglas vigentes desde 1963. Dentro de nuestro esquema constitucional, corresponde al Supremo encaminar ese proceso, aprobar inicialmente las reglas y remitirlas a la Asamblea Legislativa para su modificación o aprobación final.
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