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Cuando en 2010 la mayoría del Tribunal Supremo solicitó a la Asamblea Legislativa aumentar la composición del foro, de siete a nueve jueces, algunos tronaron contra esa decisión. Algunos miembros de la comunidad jurídica cuestionaron la legitimidad de la “nueva mayoría”, que incluye a seis jueces nombrados por el gobierno del Partido Nuevo Progresista, argumentando que pondría en peligro la democracia. Plantearon que Puerto Rico viviría una crisis constitucional. Muchos sabíamos que esos argumentos eran infundados, lo cual reafirmó, entre otros, la decisión unánime del Supremo que decretó la inconstitucionalidad de la juramentación del licenciado Pedro Pierluisi Urrutia como gobernador.
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