Año tras año, continúan los señalamientos de irregularidades y mal manejo de la administración pública, que usualmente tienen como consecuencia algún tipo de investigación, referidos a Justicia, Ética o al Contralor, y hasta alguna radicación de cargos criminales. Lo anterior plantea la necesidad de discutir con seriedad la posibilidad de colocar límites a la cantidad de tiempo que los funcionarios electos pueden servir en sus respectivos cargos públicos. En Puerto Rico no existe límite al mandato de los funcionarios públicos electos. Aunque no pretendo decir que estar mucho tiempo en un cargo público electivo es sinónimo de incidir en actos de corrupción o mala administración pública, no obstante, se percibe que existe una correlación entre una cosa y la otra que no necesariamente implica causalidad.