Gerardo A. Carlo-Altieri
💬

Lo nuevo sobre la reestructuración de la deuda

Existe mucha confusión en torno al acuerdo de respaldo a la reestructuración y el plan de ajuste de la deuda del gobierno central de Puerto Rico bajo la ley federal Promesa.

La aprobación de un nuevo “Plan of Debt Adjustment” (POA) para el Commonwealth of Puerto Rico bajo Título III de Promesa no está todavía en calendario. 

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó públicamente el pasado 9 de febrero que presentaría un nuevo acuerdo de apoyo (Plan Support Agreement, o PSA) a un plan de ajuste de deuda (POA) del Commonwealth. El acuerdo se llevó a cabo entre la JSF y bonistas con más de $8,000 millones en deuda (sobre 50% en valor), incluidos grupos de las Obligaciones Generales (GO), la Autoridad de Edificios Públicos y otros bonos garantizados con el “full faith and credit” del Commonwealth.

La aprobación del PSA por el Tribunal de Promesa debe darse como parte del proceso de confirmación del Plan de Ajuste de Deuda final del Commonwealth, no de forma separada. 

El gobierno central y Aafaf, la agencia fiscal de Puerto Rico, notificaron de la posible emisión de bonos nuevos como parte del PSA a la agencia reguladora. Indican que el gobierno local no está de acuerdo con el nuevo PSA que propone la JSF y los grupos de bonistas. 

Además, el gobierno ha radicado una moción ante el tribunal de Promesa notificando que no está de acuerdo con el PSA por los recortes a los pensionados que dicho acuerdo requiere y otras razones. 

La mayoría legislativa también ha mostrado oposición a la emisión de bonos que se requieren (GO y Cofina nuevos) como parte del PSA y que tendrán que ser incorporados al plan de ajuste de deuda final. 

El PSA requiere la transacción de casi todos los litigios más importantes entre bonistas y la JSF, incluso las acciones radicadas para invalidar más de $6,000 millones en bonos de GO posteriores a 2012 y otros. 

El próximo paso es que la JSF radique un Plan de Ajuste de Deuda para el gobierno central y algunas agencias, que el propio PSA requiere sea sometido en o antes del 28 de febrero de 2020. 

En ese Plan de Ajuste se establecerá el tratamiento que se dará a los bonos de distintos tipos emitidos por el gobierno y a los créditos con prioridad, garantizados y los no asegurados. O sea, el 28 de febrero, el Plan de Ajuste de Deudas del Commonwealth original será enmendado para incluir los nuevos términos y el tratamiento a los acreedores y bonistas siguiendo lo acordado por estos grupos en el PSA. 

Luego, el Tribunal señalará vistas para la aprobación del “Disclosure Statement” y del nuevo plan. Las partes podrán radicar mociones en oposición a ambos documentos y el tribunal señalara términos para el descubrimiento de prueba, la notificación y la solicitación de votos a los acreedores, la votación y el conteo de los votos. 

El Comité Oficial de Mediación recomendó al Tribunal adoptar fechas específicas para cada uno de estos eventos. Se espera terminar con la confirmación del Plan de Ajuste final del gobierno central y otras agencias sujetas al Título III de Promesa antes de finales de 2020.


Otras columnas de Gerardo A. Carlo-Altieri

lunes, 27 de julio de 2020

La protección constitucional de las pensiones

¿Dónde estaban los reguladores federales y locales, los líderes de las uniones y los gobernantes de Puerto Rico mientras esta descapitalización ocurrió bajo sus términos?, cuestiona Gerardo Carlo-Altieri

viernes, 10 de julio de 2020

El gran debate y los asuntos que se quedaron sin explicar

Resultó frustrante que temas esenciales como la restructuración de las deudas del gobierno, la auditoría de la deuda pública, el pago de pensiones y el futuro de la Junta de Supervisión Fiscal fueran ignorados, escribe Gerardo Carlo-Altieri