La sección de Opinión de El Nuevo Día es uno de los foros más importantes en Puerto Rico para la discusión de temas de política pública. A menudo, los columnistas parecen tener opiniones encontradas cuando en realidad están hablando de asuntos diferentes y/o partiendo de premisas diferentes.

Tomemos los artículos redactados por los licenciados Wilbert López Moreno y Gerardo Carlo-Altieri sobre los aspectos legales de Promesa. Discuten el marco legal existente. Los artículos serían distintos si se hubieran redactado previo a la aprobación de Promesa y serían distintos si en un futuro se enmendara Promesa. Ninguno de los dos entra a evaluar los aspectos económicos y financieros del tema pues estos radican fuera de su área de peritaje.

La muy ilustrativa columna del exjuez de la corte de quiebra y miembro de la Junta de Supervisión Fiscal, Arthur González, discute los motivos legales que tuvo la Junta para aprobar la transacción propuesta de Cofina. Argumenta el exjuez González que litigar el tema de los bonos de Cofina ante la jueza Laura Taylor Swain en base a Promesa y los derechos adquiridos de los acreedores podría resultar en un fallo adverso y que tuviéramos que pagar el 100% de lo adeudado.

Por otro lado, Antonio Weiss (exoficial del Tesoro de los EE.UU.), Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía) y Juan Lara (socio del que suscribe) han expresado, en menor o mayor grado, una aplicación a la economía de una regla física: “Si no hay dinero, no hay dinero”. El pago de la deuda de Puerto Rico tenía la garantía de la constitución de Puerto Rico y no existía un marco legal a nivel federal que permitiera reestructurar la deuda de la Isla. Cuando se acabó el dinero, se cambió el marco legal con la aprobación de Promesa. Ellos argumentan que podría volver a suceder en el futuro.

El acuerdo propuesto de Cofina implica que, hacia futuro, los acreedores de Cofina serán una parte gruesa de la soga. Si en un futuro la soga parte, es probable que lo haga en otra sección, por ejemplo, en la sección de las pensiones.

El líder magisterial Emilio Nieves Torres expresó, también en una columna de Opinión en este diario, la importancia de una pensión digna para los maestros retirados, en especial porque no cotizan para el Seguro Social. La Junta de Supervisión coincide. Sus diferencias radican en la premisa de la definición de una pensión digna. Para Nieves Torres puede ser una pensión de $2,000 mensuales. Para Andrew Biggs, miembro de la Junta y experto en pensiones, puede ser una pensión que mantenga a la persona por encima del nivel de pobreza. El gobierno federal define pobreza como poco más de $2,000 mensuales para una familia de cuatro personas, pero tan solo poco más de $1,000 mensuales para un individuo viviendo solo.

Si alguien externo define el monto de una pensión digna, un economista puede calcular el costo de pagar dicha pensión digna. Por ejemplo, para pagar una pensión de $2,000 mensuales a una mujer que se vaya a retirar a los 60 años habría que separar unos $400 mil. Como el sistema de retiro de maestros no está estructurado para acumular estas cantidades, aunque sí para pagar los $2,000 mensuales, se crea un déficit. La premisa implícita de Nieves Torres es que otros, no los maestros, cubrirán dicho déficit. La premisa explícita de la Junta es que los maestros cubrirán parte del déficit de sus pensiones.

La sección de Opinión de El Nuevo Día cumple una función social de la que me enorgullece ser parte. Para el lector sacarle el mayor provecho a la misma debe leer con cuidado.