Desde los albores de la civilización ha sido público el acto de juzgar la conducta humana como método profiláctico de dar ejemplo aleccionador y ofrecer garantía de equidad. A manos de caciques, reyes, jerarcas religiosos, sabios o la figura de un magistrado investido de autoridad que hoy conocemos, el acto público legitima el proceso y despeja la suspicacia que se anida en todo ejercicio de poder.  De lo contrario, el juicio secreto sugiere conspiración, injusticia y abuso. En tiempo remoto prácticamente el pueblo entero concurría a presenciar el acto cuando un cacique o monarca impartía justicia y aunque rara vez en nuestra época se llenan las bancas de un tribunal de justicia, ahí están en sala para cumplir la garantía constitucional de acceso público.

La resistencia que manifiestan miembros de nuestra institución judicial a que se admitan cámaras de televisión en las vistas preliminares y en los procesos de la corte bajo el pretexto de garantizar derechos del acusado a un juicio imparcial o el acceso a un jurado que no esté contaminado, pretende echar un manto de misterio sobre lo que siempre fue público y descarta la realidad de que en nuestro tiempo tecnológico no hay manera de cerrar el acceso a la información. Cada vez que un juez da instrucciones a jurados y testigos o cuando decide secuestrarlos para que no tengan acceso a periódicos, noticieros de radio y TV o comentarios de la calle; la restricción se constituye en tentación de manzana prohibida. Preferible es que ese jurado o testigo la asimile por cuenta propia, a que la información le llegue por el filtro interpretativo de un periodista, comentarista o “chismólogo”.

Los jueces o funcionarios del tribunal no son dioses del Olimpo sino funcionarios públicos a los que se les inviste autoridad para impartir y administrar justicia. Ese honor y privilegio, a más público, más respetable; a más oculto, más cuestionable.