La pandemia nos ha mostrado muy elocuentemente lo vulnerable que estamos todos los que habitamos el planeta. Aunque su rápida propagación no ha discriminado por condición social, sexo, género, raza, etnia o religión, los expertos nos han indicado que las personas mayores de sesenta años y los que tienen algunas condiciones preexistentes de salud están más vulnerables a que los efectos del virus sean mortales. En ese sentido, los cuidados y medidas cautelares para este sector han sido ampliamente difundidas y existe un gran grado de concienciación sobre el particular.

Pero existen otros sectores que también son muy vulnerables y muy pocas personas les han prestado la debida atención. Históricamente, no se han atendido prioritaria ni significativamente los miles de presos y presas que están en las cárceles. No me sorprendería que muchas personas pensaran que ello es una mera consecuencia de sus actos y que hay que priorizar a favor de los ciudadanos que no han infringido la ley. Muchas otras podrían pensar que eso es parte del castigo que se merecen.

El problema es que el ordenamiento jurídico no permite discriminar en cuanto al acceso a la salud por razón del historial penal de las personas; y, por otra parte, debe recordarse que nuestra Constitución provee para que, dentro de los recursos existentes, se promueva la rehabilitación. Es decir: se parte del predicamento de que, después de extinguir su sentencia, los reclusos deberán reintegrarse a la sociedad.

Empero, el propósito de esta columna no es hacer un planteamiento de naturaleza jurídica sobre el particular. De lo que se trata es de ser cristianos para algunos o de ser humanistas para otros, y sentir empatía por estas personas y, por consiguiente, no mirar hacia otro lado. Miles de confinados bajo condiciones de hacinamiento podrían estar condenados a muerte si no se toman medidas inmediatas que garanticen su salud y eviten la propagación del virus en nuestras instituciones penales.

Además de las estrategias salubristas que pueden tomarse, en algunos países y varios estados de Estados Unidos se han tomado medidas de emergencia y pragmáticas como, por ejemplo, liberar a personas de custodia mínima que estaban muy cerca de cumplir su sentencia y que, inclusive, ya estaban disfrutando de pases los fines de semana. También se han concedido medidas alternativas de reclusión a primeros ofensores de delitos no violentos y que no constituyen una amenaza a la sociedad. Todo esto ha tenido el efecto de atender el hacinamiento típicamente existente, pero, además, de maximizar los limitados recursos médicos y de salud del sistema correccional.

Uno de los aspectos que se debe agilizar es las peticiones de clemencia ejecutiva y de indulto que están bajo estudio por la Junta de Libertad bajo Palabra y ante la consideración de la Oficina de la Gobernadora de Puerto Rico. Muchas de esas investigaciones cuentan con recomendaciones positivas, pero el proceso ha quedado detenido por la crisis. Algunos de estos casos son de personas con reclamos legítimos de inocencia y que han estado más de veinte años en la cárcel. Sería terrible que algunas de estas personas contrajeran el virus por las condiciones tan vulnerables en que viven, que los exponen a que las consecuencias sean mortales por no haber tomado las iniciativas necesarias que no requieren de grandes recursos fiscales, pero sí de una buena dosis de sensibilidad.

Para muchas personas son y seguirán siendo criminales; pero para muchos otros son sus padres o madres, sus parejas, sus hijos e hijas, sus nietos que esperan que la vida les dé oportunidad. Como sociedad civilizada que alegamos ser, debemos asegurarnos de que se atienda su situación con premura y clemencia para que sepan que, al igual que sus familiares, no los hemos olvidado.