Un informe reciente de la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) parece validar el temor de que los fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico no lleguen en las magnitudes y con la rapidez que se requiere para la levantar la economía de la isla.

El informe, con fecha de marzo de 2019, responde a una petición de parte de 15 miembros del Congreso para que la GAO revisara los esfuerzos del gobierno federal para apoyar la recuperación en Puerto Rico después de los huracanes Irma y María.

Según la GAO, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comprometió cuatro mil millones de dólares para gastos de emergencia hasta septiembre 30 de 2018, un año después de los huracanes. El dinero se destinó casi en su totalidad a la remoción de escombros y la provisión de generadores eléctricos, con una porción mínima para obra permanente de reparación y reconstrucción de infraestructura.

Además de que la cantidad luce pequeña para un año completo inmediatamente después de la emergencia, el informe destaca otro dato preocupante: FEMA puso en vigor un sistema de reembolso manual para los pagos a las víctimas del desastre, que ha ocasionado retrasos en la entrega del dinero por la lentitud en la revisión de las reclamaciones.

Los especialistas de la GAO encontraron que en varios municipios se realizaron obras con fondos municipales que aún no han sido reembolsados por FEMA. La consecuencia del retraso ha sido poner a dichos municipios en aprietos financieros.

Los dos hallazgos ya mencionados tienen que ver con el apoyo de FEMA al esfuerzo de recuperación en los meses después del desastre.

Mirando al futuro, hay otros temas en el informe que tienen que ver con las expectativas de financiamiento federal para la reconstrucción permanente a mediano y largo plazo.

Según la GAO, FEMA ha decidido aplicar en Puerto Rico un “procedimiento alterno” para costear los proyectos de reconstrucción que no es el habitual en los programas de ayuda de la agencia. Se trata de requerir que para cada proyecto se establezca un “costo fijo”, a ser estimado por el gobierno local y aprobado por FEMA, el cual no se puede cambiar más adelante.

Esto plantea por lo menos dos problemas. Uno es que los proyectos se pueden retrasar en lo que el gobierno federal y FEMA se ponen de acuerdo sobre un costo fijo aceptable para ambos. El otro, y más importante, es que si se subestima el costo de los proyectos (lo cual puede ocurrir fácilmente cuando se trata de proyectos de gran envergadura y larga duración), podemos quedarnos sin fondos para completar áreas importantes de la reconstrucción.

Otro asunto con posibles implicaciones críticas a largo plazo es que FEMA se mantiene firme en su postura de que no proveerá financiamiento para condiciones pre-existentes, lo que podría significar que no haya suficiente dinero federal para reconstruir la infraestructura destruida a condiciones óptimas.

En su reacción al informe, el gobierno de Puerto Rico se queja, con razón, de que esta restricción de FEMA “pone a Puerto Rico en gran riesgo de que su proceso entero de recuperación se detenga por falta de los fondos necesarios para restaurar los edificios y la infraestructura que sufrieron daños.”

Como es usual en sus informes, la GAO se limita a relatar sus hallazgos y no pasa juicio ni emite recomendaciones. Sin embargo, a pesar del tono seco de la narrativa, el informe deja claramente el sabor de que todavía hay un trecho que recorrer para asegurar el financiamiento adecuado para la reconstrucción. Esperemos que lo lea con cuidado el congresista Raúl Grijalva y los que le acompañaron en su visita de la semana pasada a ver sobre el terreno cómo marcha nuestra recuperación.