A más de seis meses de la puesta en vigor de la Ley 17-2019, Nueva Política Energética de Puerto Rico, las acciones tomadas posteriormente a su aprobación apuntan a un futuro incierto en cuanto a su implantación y el desarrollo sostenible de nuestro sistema eléctrico. El 3 de mayo de 2019 se hizo pública la aprobación por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), AAFAF y la AEE del acuerdo de reestructuración de deuda de la AEE y el 27 de junio de 2019 la JSF aprobó su Plan Fiscal. 

Aceptar los aumentos de tarifas propuestos en el Plan Fiscal de la AEE, que incluye los cargos como resultado del acuerdo de reestructuración de su deuda y otros más, conduciría a la economía de Puerto Rico, a los consumidores de electricidad e incluso a la AEE a la incertidumbre. En cinco años, Puerto Rico llegaría a posicionarse entre los lugares con el costo de electricidad más caros del mundo. 

El Dr. Ramón Cao, reconocido economista y profesor retirado de la UPR, al cual comisioné realizar una evaluación independiente sobre este acuerdo de reestructuración, concluyó que los efectos de los aumentos propuestos de las tarifas eléctricas son abrumadores. Esto incluye una disminución en el Producto Nacional Bruto (PNB) de 22% y una pérdida de más de 170,000 empleos, en cinco años, luego de que los cargos sean implementados.

No obstante, ajustes y acciones puntuales en la dirección correcta pueden tener efectos significativos en la transformación y desarrollo sostenible de nuestro sistema eléctrico. El acuerdo de reestructuración de la AEE calcula el cargo para pagar la deuda restructurada, o “cargo de transición”, en 2.7 centavos por kilovatio hora. Según está preestablecido en el acuerdo, el cargo aumenta de 2.7 a 5.7 centavos por kilovatio hora durante los primeros 24 de los 47 años de duración del acuerdo, incluyendo consideraciones de proyección de baja en la demanda y cargos por diferentes tipos de subsidios. 

En la mayoría de las jurisdicciones donde se hacen acuerdos de reestructuración de deuda, los aumentos al cargo de transición, como consecuencia de cambios en el consumo, no se preestablecen, sino que se determinan por el regulador, en nuestro caso, el Negociado de Energía de Puesto Rico. Este cambio en el acuerdo es necesario para evitar duplicar los cargos, como está preestablecido en el acuerdo. 

Otro elemento incluido en el Plan Fiscal que aumenta los costos de electricidad se relaciona al fondo de pensión de los empleados de la AEE. Actualmente, la AEE no cuenta con fondos suficientes para cubrir las pensiones de sus jubilados. La JSF determinó que los fondos para cubrir estos costos provendrían de un aumento en el costo de electricidad. Este aumento se estima, dentro de los próximos cinco años, en 1.7 centavos por kilovatio hora. Las pensiones de todos los empleados se deben de proteger y no deben ser puestas en riesgo y menos aun dependiendo totalmente de una entidad en quiebra. Esto es perjudicial para la economía y no promueve el desarrollo económico ni la viabilidad de asumir el costo de las pensiones de nuestros jubilados. 

El tercer elemento es el costo que representa el no obtener la totalidad de los fondos de FEMA que se requieren para reconstruir la red eléctrica. El costo de reconstrucción del sistema eléctrico ha sido estimado por varias entidades entre $15,000 millones y $17,000 millones. El Plan Fiscal asume que se obtendrá el 90% de los fondos de reconstrucción. No obstante, el plan también indica que de conseguirse el 45% de los fondos requeridos, la tarifa aumentaría 2.8 centavos por kilovatio hora. Además, no cumplir con las proyecciones de costos competitivos en contratos de renovables y compra de combustible representaría un aumento de 2 centavos por kilovatio hora. 

Determinaciones erróneas no nos llevarán a rebasar las fronteras del estancamiento, sino que retrocederemos dentro de los limites ya alcanzados. No debemos permitir que se afecte irreparablemente nuestra economía y aspectos fundamentales como infraestructura, educación secundaria, pensiones y otros de importancia para nuestro pueblo.

En resumen, cambios puntuales en el acuerdo con los bonistas de la AEE, en conjunto con un manejo responsable del fondo de pensiones, y conseguir los fondos FEMA requeridos para reconstrucción, junto con contratos a costos bajos, ayudaría a la transformación y el desarrollo sostenible de nuestro sistema eléctrico y a la implementación de la Nueva Política Energética. No podemos quedarnos de brazos ?cruzados????. Hay que hablar y debatir este tema tan importante para que juntos encontremos una solución que no nos condene a un futuro incierto de luz cara.