Punto de vista

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Marsy’s Law para Puerto Rico: los derechos de las víctimas

En Estados Unidos existe un movimiento, conocido como Marsy’s Law for All, que busca que los derechos de las víctimas de delito formen parte de las constituciones de los estados. California, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Nevada, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, y South Dakota han llevado a cabo eventos electorales para enmendar sus constituciones. Siete estados adicionales discuten la posibilidad de hacer elecciones para enmendar sus constituciones a estos fines. 

Esta iniciativa surgió a partir del asesinato de Marsalee (Marsy) Ann Nicholas en 1983 a manos de un exnovio. Una semana luego del asesinato de Marsy, cuando su madre se dirigía a la funeraria, se detuvo a comprar pan y se encontró en la fila con el asesino de su hija. La familia de Marsy nunca fue notificada de que el presunto asesino de su hija había salido bajo fianza. Esta situación llevó a la familia de Marsy a darse cuenta de que la Constitución de los Estados Unidos contiene alrededor de 20 derechos para los acusados de delito, pero ninguno para las víctimas de delito. 

Aunque en Puerto Rico tenemos la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos (Ley número 22 de 1988), la experiencia ha demostrado que la misma no ha sido adecuadamente implementada. En el año 2015 tuve la oportunidad de ofrecer una charla sobre los derechos de las víctimas de delito a los jefes del CIC de las 13 regiones policíacas de Puerto Rico. Comencé preguntando si podían enumerar cuáles eran los derechos de las víctimas. Desafortunadamente, al igual que ocurre con fiscales, abogados de defensa y jueces, desconocían estos derechos. 

Esto se debe en parte a que como es una ley (una de las cientos de leyes que se crean todos los años en la isla) la misma no forma parte del proceso de formación de los profesionales del sistema de justicia criminal. Tanto a la policía como a las abogadas y abogados se les enseñan cuáles son los derechos del acusado, porque estos forman parte de los derechos garantizados por la Constitución. Pero como las víctimas no son consideradas parte activa del proceso, sus derechos son poco conocidos y en la mayoría de los casos, ignorados. 

Si los derechos de los acusados son de tal importancia que se incluyen como parte de la Constitución, los derechos de las víctimas, que también son de gran importancia, deberían recibir el mismo trato y respeto que los derechos de los acusados. Elevar los derechos de las víctimas a rango constitucional hará más difícil que los fiscales, jueces, abogados y policías ignoren los mismos. 

Reconocer los derechos de las víctimas no disminuye ni afecta los derechos de los acusados. En un país en el que se han hecho dos referéndums para limitar el derecho constitucional de los acusados a la libertad bajo fianza, tal vez deberíamos considerar una enmienda a la Constitución que, en lugar de restar derechos, sumederechos. Derechos que reivindiquen a la parte más vulnerable del sistema de justicia criminal: las víctimas.