De todas las reformas económicas que tiene que llevar a cabo Puerto Rico, la energética es una de las principales. El acuerdo anunciado con LUMA nos da razones para ser optimistas.

En primera instancia, se divide la generación de electricidad de su transmisión y distribución (TD). No tiene sentido tener dos firmas de TD, cada una con su propia línea de transmisión desde las plantas generatrices en el sur de la Isla hasta el principal centro de consumo, San Juan. La tecnología de TD fuerza a que haya una sola compañía, un monopolio.

El mecanismo de una Alianza Público-Privada permite tener un operador privado que, al tener un contrato de concesión, no puede abusar de su condición de monopolio como lo ha hecho por décadas la AEE. Por ejemplo, existe un índice de interrupciones en el servicio eléctrico que ha ido empeorando consistentemente desde el 2014. LUMA tiene un acuerdo contractual de que en el primer año regresará a los niveles del 2014 y que posteriormente mejorará aún más. El contrato incluye penalidades de no alcanzar los niveles de servicio esperados.

El pago promedio a LUMA durante los 15 años del contrato es de $125 millones, dividido en $105 millones de precio fijo y $20 millones en incentivos por desempeño. Si LUMA no tiene un buen desempeño, va a perder dinero en este contrato. Los ahorros que se espera que produzca LUMA exceden por mucho los $125 millones.

El presupuesto de la AEE para el 2019 fue de unos $3,332 millones, de los cuales $1,166 fueron TD. Una reducción de costos de 10% representaría un ahorro recurrente de $117 millones. Además, si la red de TD se hace más eficiente y se pierde 10% menos de la energía que se produce, habría ahorros adicionales que podrían alcanzar los $177 millones por año.

La generación de electricidad en Puerto Rico ya cuenta con empresas privadas como AES, Eco-Eléctrica y compañías de energía renovable. Separar TD de generación hace más fácil promover la competencia entre las distintas firmas generatrices por el derecho a suplir la energía. Próximamente se deberían vender las plantas de generación de electricidad de la AEE y ponerlas a competir.

Uno de los grandes riesgos de operar la TD de la AEE es que un huracán cause estragos. Conseguir seguro es difícil y tendría un costo exorbitante. Al presente se depende de ayudas del gobierno federal como ha sido el caso post-huracán María. Para recibir transferencias federales, el activo tiene que ser propiedad gubernamental.

Por lo tanto, una Alianza Público-Privada es la estructura ideal. Por un lado, el país obtiene el beneficio de la eficiencia del operador privado. Por otro, como el activo sigue siendo del gobierno de Puerto Rico, en caso de un huracán se recibe el apoyo del gobierno federal.

En teoría existe la posibilidad de una empresa gubernamental de energía que opere eficientemente. Electricité de France y Tennessee Valley Authority son dos ejemplos. En la práctica llevamos décadas sufriendo la mala operación de la AEE.

La realidad de Puerto Rico es que la AEE en un momento era ineficiente porque servía los intereses del partido de gobierno y hace años que es ineficiente porque sirve los intereses de sus empleados y suplidores. Los clientes y el pueblo de Puerto Rico hace tiempo que no son prioridad. Es momento de reconfigurar la AEE.