Gerardo A. Carlo-Altieri
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Nuevas relaciones entre la Junta de Supervisión y el gobierno

La transición en el mando de los gobernadores - capitanes generales de Puerto Rico durante la colonización española casi siempre terminaba en los Juicios de Residencia oficiales al gobernador sobre corrupción y prevaricación.

La transición del gobierno Rosselló al gobierno Vázquez no constituye una excepción histórica, aunque el juicio de residencia de Rosselló surge por semanas de protestas no oficiales y organizadas digitalmente, además de los casos de corrupción.

A su vez, el escándalo original sobre el contrato de Whitefish o peje blanco ha quedado minimizado, ante la magnitud de las acusaciones a oficiales de FEMA y contratistas privados, sobre fondos para reconstruir la Puerto Rico Electric Power Authority (“Prepa”) con título de serpiente (contrato “la Cobra”).

Aparte de su morfología animal, ambos asuntos tienen en común la conspiración para repartirse fondos de reconstrucción del gobierno federal y local dentro del “pulpo” gubernamental mejor conocido por “Prepa”.

La fascinación de políticos en Washington y San Juan con Prepa puede deberse al poderío económico y político que representa el monopolio de uno de los negocios de energía más grandes de los Estados Unidos.

Durante la colonización española, la monarquía también tenía el “estanco” exclusivo de asuntos sumamente productivos como eran los juegos de azar, el tabaco y las prendas finas.

Por otro lado, los asuntos ante el tribunal de Promesa que preside la jueza Laura Taylor Swain no han quedado paralizados ante la renuncia de Rosselló, a la vez que la nueva gobernadora comienza a mostrar, aunque con cautela, algunas de sus fichas.

En la vista celebrada ante la jueza Taylor Swain el pasado miércoles se requirió a la Junta de Supervisión Fiscal presentar su reporte sobre el estatus de los asuntos pendientes.

Martin Bienenstock, el principal abogado de la Junta, anunció una tardanza en someter el Plan de Ajuste de Deuda de Puerto Rico para darle tiempo a la nueva gobernadora y habló de un nuevo estilo de respeto y comunicación entre administración y Junta, que fue recibido con agrado por la jueza Taylor Swain.

Bienenstock también informó que, de las 250 demandas radicadas por la Junta contra suplidores y contratistas del gobierno, alrededor de 150 están participando en negociaciones y que esperan transar 20 casos prontamente.

También cree que los demandados en estos casos y los que litigan en tribunales locales contra el gobierno estarán inclinados a transar sus reclamaciones una vez vean el Plan de Ajuste final y entiendan cuánto recibirán en distribución final.

La AAFAF también reportó que la nueva administración en La Fortaleza quiere mover el proceso, que no existe rivalidad y que se consideran socios (“partners”) en la reconstrucción de la deuda, enfatizando los treinta años de experiencia gubernamental de Wanda Vázquez.

Mientras tanto, las últimasdos aseguradoras objetantes (National Public Finance y Syncora), aceptaron el acuerdo de reestructuración de $8,000 millones en Prepa, uniéndose a una mayoría de acreedores que votarían a favor del Plan, aun cuando el mismo ha sido criticado fuertemente por economistas locales.

Esto indica que el plan de ajuste de deudas para Prepa será radicado este mes a base del Acuerdo firmado por el 90% de acreedores no asegurados y todos los bonistas garantizados sujeto a las objeciones que se radiquen por acreedores disidentes o terceros con “standing” y un plan de ajuste nuevo bajo el título VI de Promesa para Pridco.

A la vez, tendríamos ante el tribunal de Promesa un Plan de Ajuste de Deudas del gobierno central de $13,000 millones en bonos y $50,000 millones en obligaciones de retiro no capitalizadas, la mediación de los casos radicados por la Junta donde solicitó la invalidación de los bonos (obligaciones generales) y el recobro de millones contra suplidores y contratistas del gobierno.



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