La versión final aprobada por el Senado del proyecto de Código Civil, apenas comenzamos a conocerla mientras se redactan estas líneas. Seguramente recibirá la concurrencia anticipada de la Cámara de Representantes y será enviada a la gobernadora para su consideración. Una parte considerable de las más de 1,500 normas redactadas en sobre 480 páginas han estado disponibles para discusión pública desde hace varios años. En efecto, en 1997 comenzó un esfuerzo formal bien encaminado, multipartidista y multisectorial para acometer como era debido la revisión de nuestra ley más fundamental después de la Constitución. 

Ese esfuerzo rindió frutos al culminar con la presentación de un anteproyecto de nuevo Código. A partir de entonces, comenzó un nuevo proceso de discusión donde una diversidad de los sectores más afectados ha reclamado una participación más militante en la revisión final. Por razones diversas de corte político, religioso, académico y preocupaciones sobre los derechos humanos implicados, en los últimos diez años se han presentado propuestas para modificar o solidificar algunas partes del anteproyecto original de 1997. De hecho, se han celebrado diversas vistas públicas sobre el tema. Los asuntos atinentes a la persona humana y las relaciones de familia son los que han causado mayor discusión pública. Se trata de temas vitales como lo son la vida, muerte y derechos fundamentales incluyendo los de naturaleza reproductiva y la diversidad de la sexualidad humana. Quizás por ignorancia o falta de publicidad adecuada, otras disposiciones de gran importancia no han generado la misma conversación pública.

Esta normativa pertinente a la persona humana y los derechos reproductivos hizo que la gobernadora devolviera el proyecto a la Asamblea Legislativa. Son estas nuevas consideraciones las que se han trabajado de forma oscura sin la discusión pública adecuada. Con sobrada razón, muchos sectores defensores de los derechos humanos reclaman participación adecuada y efectiva para analizar un lenguaje nuevo incorporado que pueda ser confuso, ambiguo o inseguro frente a la vitalidad y permanencia de estos derechos fundamentales. Me resulta curioso el silencio o pasividad de los grupos que apoyan las enmiendas o cambios sugeridos. Ello solo puede ser indicativo de que las conocen y apoyan sin reservas.

¿Cuáles son exactamente las enmiendas nuevas introducidas? ¿Cuál es el significado e intención de cada nueva palabra introducida que altera el anteproyecto de 1997, las nuevas versiones de esta década o las reservas que tenía la gobernadora y otros grupos? ¿De dónde emanan? ¿Cual es el análisis jurídico que concluya que estas enmiendas son acordes con el estado de derecho constitucional vigente? En el anteproyecto de 1997, producto de años de ponderación y estudio, cada disposición nueva o retenida estaba acompañada por un amplio análisis que la explicaba o justificaba. Estas conclusiones fueron objeto de discusión y algunas, de crítica muy seria. Sin embargo, estos estudios estaban disponibles para el escrutinio público.

Ese proceso abierto y transparente se perdió en el camino. Los oídos de la mayoría parlamentaria se han inclinado más hacia los sectores religiosos más fundamentalistas. Peor aún, los últimos cambios se han realizado en el oscurantismo y sin rastreo que justifique lo propuesto. 

Los problemas de este tipo han caracterizado parte de la respuesta gubernamental a la pandemia. Es muy doloroso y peligroso que estén presentes en la revisión final de un asunto también de vida y muerte.