Cualquiera que pretenda descifrar las claves del momento que se vive en Puerto Rico deberá abandonar los viejos acercamientos y abocarse a reconocer que las reglas del juego político cambiaron. Me refiero a la manera en que los ciudadanos organizan sus valores y lealtades, y las formas en que los articulan. 

Desde 1948, se vivía una democracia limitada que estaba regida por partidos políticos que servían como vehículos para echar en marcha propuestas concretas de bienestar y desarrollo. Digo “limitada” consciente de que el terreno de juego fue manipulado para aniquilar al independentismo que sufrió, a manos del Partido Popular Democrático en contubernio con el FBI, una persecución monstruosa para reducirlo a su mínima expresión. Este triste episodio estableció el piso para el bipartidismo que asomó cabeza a partir de 1968, y cuyos torpes estertores llegaron hasta la incumbencia de Ricardo Rosselló—el más breve de todos los gobernadores. 

Bajo este sistema de dos partidos de mayoría ocurrió una feroz competencia por acceder el poder pero, en vez de hacerlo para adelantar una agenda ideológica de beneficio colectivo, se hizo meramente para acceder al privilegio y al dinero que lo acompañaba. Solo así se entiende la decadencia evidenciada en los recurrentes episodios de corrupción en lo que va del presente siglo, y la creciente frustración de la ciudadanía con este este sistema que se tornó perverso en sus métodos y cruel en sus resultados.

¿Cómo entender que una exsecretaria de educación como Julia Keleher o un exsecretario de seguridad pública como Héctor Pesquera devengaran salarios descomunales basado en su supuesto conocimiento y peritaje? Que pudieran servir incólumes, no empece a las repetidas protestas de diversos sectores, verificó que el descaro de los gobernantes no conocía límite. Empero, un día todo se vino abajo y el miedo atávico a protestar y ser perseguido, pudo menos que la rabia liberadora compartida entre muchos, a son de clave y perreo combativo.

Transparencia y rendición de cuentas es la demanda que alimenta el malestar generalizado en Puerto Rico, y que el Partido Nuevo Progresista no ha sabido ni querido tramitar ante la mirada atenta de la ciudadanía. La pega que une voluntades dentro y fuera de la isla es el coraje con las malas decisiones, y la pobre disposición de los gobernantes para reconocerlo. Tengámoslo claro: el sufrimiento ha sido insostenible y recorre mucho terreno. Desde los muertos del huracán María hasta la universidad pública, vilmente ultrajada, entre muchos otros ejemplos. La protesta en la calle dio aliento y sentido a tanto dolor, y ofreció una ocasión para reconocerse como parte de un pueblo que grita con alegría desafiante. Esto es trascendental y solo se mitiga con acciones éticas que estén a la altura de las circunstancias. Cualquier otra cosa, y en particular aquello que recurra a la trampay al truco recibirá un monumental rechazo.

Si, las instituciones y las leyes ofrecen una estabilidad para superar los ventarrones ocasionales. Pero las acciones de los gobernantes—incluidos los jueces— deberán rezumar sabiduría y prudencia. Ignorarlo será a su propio riesgo.