Comentarios recientes del señor José Carrión, presidente de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico (JSF) confirman que esta entidad radicará el Plan de Ajuste de Deuda del gobierno en las próximas semanas. El Plan incluirá $70,000 millones en deuda pública, la fuente de pago de $50,000 millones en pensiones no capitalizadas y el recorte a las pensiones.

Carrión catalogó el recorte del retiro como un “tema antipático” e insistió que las pensiones constituyen obligaciones no garantizadas y que aquellas en exceso de $1,200 mensuales sufrirán un recorte de 8.5%.

A la vez indicó que las pensiones estarán “aseguradas” por un fideicomiso a crearse dentro del Plan, sin especificar qué tipo de garantía legal se propone.

Además, el Plan tendrá que ser avalado por la jueza Taylor Swain, luego de una vista donde se ventilarán las objeciones de partes y el testimonio de los expertos que permita el Tribunal para aprobarlo.

Varias entidades han presentado objeciones al acuerdo inicial de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debido al impacto negativo de los aumentos de electricidad sobre el crecimiento económico y la reducción de empleos que representa.

Pero la posible conexión entre los aumentos y la deceleración económica podría tratarse por el Tribunal como un asunto exógeno a la confirmación del plan del gobierno y relevante solo para el caso de la AEE.

La experiencia en la aprobación del Plan de Cofina demuestra que el Tribunal podría limitar el testimonio y la evidencia sobre la “viabilidad” del Plan del Gobierno a solo evidencia producida por acreedores con interés (“standing”). Además, bajo Promesa la JSF tiene poder exclusivo para “certificar” el plan fiscal del deudor y para “proponer” el plan de ajuste de deudas al Tribunal.

Pero es el Tribunal quien puede “confirmar” el plan de ajuste si determina que es “justo y equitativo” (“fair and equitable”), luego de dividir los acreedores por “clases” y del voto de dos terceras partes en cantidad de deuda y la mitad en número de acreedores.

Promesa también incorporó la sección 1129 (b) de la ley de quiebra federal que permite obligar a los acreedores disidentes a votar por el plan, siempre que el plan sea justo y equitativo, un término no definido y sujeto a la interpretación del tribunal.

En casos de quiebras municipales, se ha interpretado que el término “justo y equitativo” significa “habilidad razonable” de un municipio para pagar deudas según “sus circunstancias”.

El plan también debe cumplir con el “mejor interés” de las partes, que requiere analizar si los remedios legales de los acreedores - en ausencia de Promesa - son mejores. Se trata de un requisito más flexible del que tienen los municipios bajo el capítulo 9 del código de quiebra federal.

Promesa finalmente requiere que el Tribunal determine si el plan es consistente con las “prioridades”legales de los bonistas, requisito que concede mayor protección a estos que bajo un capítulo 9 municipal.

A la vez, resulta obvio que la decisión “antipática” sobre las pensiones es una que la JSF y el gobierno quieren transferir al foro judicial creado bajo Promesa.

Igualmente, los gobernadores y la Junta siempre han estado de acuerdo en que una auditoría integral de la deuda es innecesaria, porque corresponde al Tribunal determinar la legalidad de los bonos antes de aprobar los planes en casos radicados bajo Promesa.

Pero una auditoría “forense e integral” de la deuda requiere un examen más profundo que la mera determinación judicial sobre la legalidad de unos bonos, asunto que normalmente se negocia privadamente.

En conclusión, los casos de reestructuración de las finanzas de Puerto Rico han llegado al punto más complicado de su existencia y las partes deben entender que ningún plan de resolución de insolvencia puede satisfacer a la totalidad de los afectados.