Somos culpables hasta probar lo contrario. En su hora más oscura el Gobierno del Estado Libre Asociado inflige violencias sobre los ciudadanos que conforman un patrón de maltrato muy difícil de ocultar. La confianza se evapora y la credibilidad merma a un ritmo constante.

La última entrega de esta saga se libra en el escándalo de las multas de Autoexpreso que de un día para otro asomaron la cabeza sigilosas para instalarse en los bolsillos de la gente. “Esto es un esquema de fraude”, me decía un ciudadano mientras hacíamos la fila interminable para indagar sobre los miles de dólares que de repente aparecieron en nuestras licencias de auto. Su disgusto era mayor al explicar que no le habían notificado de las alegadas infracciones que apenas en 48 horas se convertían en multas de $100 hasta sumar varios miles de dólares. Ante eso el hombre, empleado de una farmacéutica, rebosaba de rabia al contar cómo afectaba aquello su modesta economía familiar. Yo, que enfrentaba algo bastante similar apenas daba crédito a lo que escuchaba. Fue cuando más tarde conversé con un oficial de la empresa que constaté que aquel embrollo era el resultado de una movida deliberada de entrampar a los conductores para enriquecer las arcas de la agencia sin contemplaciones.

“Las multas ya no se eliminan”, me indico amablemente aquel joven funcionario que procedió a explicarme la decisión tomada por la dirección de la empresa privada que gestiona la multas para la Autoridad de Carreteras y Transportación. Sus palabras delataban más de lo que él pensaba. No importaba si había un error o si la empresa se equivocaba. El motivo era cerrar el cerco sobre los conductores para evitar que esperaran hasta la renovación de sus marbetes para pagar las multas, cosa que hacía el 80% de los concernidos.

A pesar de que existe la tecnología para revisar y corregir con facilidad cualquier apelación Autoexpreso, con el beneplácito del Gobierno, procedía a hacer permanentes las infracciones para asegurar la mayor captación de dinero sin tener obligación de notificación alguna o de dar el beneficio de la duda a los conductores hasta que fuera demasiado tarde.

Para mayor injuria, una medida de la Cámara de Representantes descubrió en enero que Autoexpreso sólo estaba facultado por ley para emitir multas de $100 a quienes transitaran por los peajes sin sello o a exceso de velocidad. Con esto se verificaba lo que aquel caballero denunciaba: era en efecto un esquema fraudulento ejecutado contra los conductores sin el menor empacho. Otro modo de infligir golpes al ciudadano que agobiado huye y se defiende como mejor puede.

Puede que modificar el costo de las multas de Autoexpreso, como ahora se pretende, subsane en algo el daño, pero no produce un beneficio a mediano o largo plazo sin acciones que generen mayor confianza. Por eso hablar de reformar, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, con suconsabido ajuste de combustible, o de la reforma contributiva, con ofertas de que los que ganen menos de $40,000 no pagarán impuestos sobre el ingreso, son promesas que se desvanecen al menor contacto porque no vienen acompañadas de un patrón de acción que genere confianza.

No goza el Gobierno en este momento de credibilidad porque ha sido, por acción u omisión, causante de múltiples engaños. En el piso quedaron tiradas la prometida reforma legislativa y la cacareada asamblea de estatus que tanto se ventearon durante la pasada campaña, ejemplos irrevocables de que para los honorables todo se vale para llegar a sentarse en las butacas del Capitolio.

Con estos antecedentes se inicia el nuevo capítulo del IVA, anunciado con bombos y una sonrisa. No en balde se escucha a los lejos el rozar del metal contra la piedra. Ya veremos quién acecha para subvertir el propósito y enterrar lo poco que queda de una ciudadanía incrédula y lastimada.