No es una gran revelación que la mayoría de los puertorriqueños estamos molestos con la situación económica y política del país. Lo estamos desde hace tiempo. Tampoco lo es que no existe consenso en torno a las medidas para resolver la crisis económica y el estatus. El debate generado sobre la Ley 80 y la poca participación en la última consulta son ejemplos de lo anterior.

El tema del estatus es más complejo debido a que por décadas su discusión ha estado matizada por información incompleta y demagógica para conseguir adeptos, particularmente al aproximarse los procesos eleccionarios cada cuatro años. En las próximas elecciones esto último se recrudecerá para tratar de sacarle provecho a la desesperanza que vivimos. Escucharemos a los candidatos a puestos electivos decir cualquier cosa para tener mayores opciones de triunfo.

¿Qué debe hacerse, entonces, para atender con seriedad el tema del estatus y las medidas para nuestro desarrollo económico? Cabe preguntarse si puede atenderse lo segundo sin resolver lo primero. Con honestidad intelectual, la respuesta debe ser un rotundo no. La explicación es sencilla: no puede estructurarse un proyecto de país ni un conjunto de medidas para el desarrollo económico hasta tanto no decidamos si vamos a ser un estado o una república, una soberanía compartida mediante un verdadero pacto o un territorio a perpetuidad. Y es que, desde una perspectiva jurídica, las medidas que se pretendan implantar dependerán, para su visibilidad y legalidad, de la selección de determinado estatus. Es decir: habrá medidas que se tomarán dependiendo del estatus que seleccionemos y otras que, por la misma razón, serán incompatibles.

Ante esa realidad, es imperativo que se atienda la cuestión del estatus con inmediatez ya que, de lo contrario, las medidas económicas que puedan tomarse serán temporeras, superficiales e insuficientes. Por otro lado, hay que reconocer que en las elecciones, a pesar de tener partidos con orientación de estatus, sus victorias no han servido para adelantar ningún estatus en particular. Lo que han hecho ha sido administrar el presupuesto y no de manera ejemplarizante.

Es imprescindible que el estatus se maneje en otro proceso electoral —que no sea las elecciones generales— y en fecha distinta. Que el estatus se haya discutido, directamente o no, al mismo tiempo que las elecciones es lo que ha propiciado, precisamente, propuestas que no son consistentes con el derecho internacional ni con el derecho constitucional estadounidense. Esto se agrava cuando, repentinamente, el partido victorioso no quiere atender el estatus o solo quiere imponer arbitrariamente unas reglas de juego para favorecer determinada opción, ¡Ah!, y, por supuesto, manejar el presupuesto del territorio.

El país debe exigir (y los partidos comprometerse con) la celebración de una asamblea constitucional de estatus —o un plebiscito realmente vinculante— en que las definiciones de estatus sean previamente establecidas y acordadas, y que, además, sean consistentes con la normativa jurídica aplicable. Establecidas las definiciones, debe comenzar la campaña educativa sobre las implicaciones de cada una y las medidas de desarrollo económico compatibles. A esa gestión deben integrarse, además de los partidos, la academia y la sociedad civil, participaciones indispensables para darle legitimidad al proceso.

Al no coincidir con las elecciones, las propuestas dirigidas a conseguir votos quedarán excluidas y se le podrán explicar a nuestros compatriotas algunos ejemplos claros: cómo, bajo la independencia no puede haber ciudadanía americana por nacimiento; cómo, bajo el estatus actual, no puede haber voto presidencial (salvo que se enmiende la Constitución estadounidense); y cómo, bajo la estadidad, no puede haber soberanía para ostentar representación olímpica o para suscribir tratados internacionales.

Diciendo la verdad, todos podremos votar más ilustradamente por la opción que más nos convenza. De lo contrario, estaremos condenados a lo mismo que nos ha traído a donde nos encontramos hoy; y a más desesperanza.