Angie Vázquez

Punto de vista

Por Angie Vázquez
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¿Por qué no es una emergencia el asesinato de mujeres en Puerto Rico?

¿Qué determina una emergencia social?  Por lo general, lo establece la ocurrencia de un evento o grupo de eventos con algún grado de peligrosidad para toda la población o una porción de la misma por factores de violencia, inseguridad, alteración significativa de la vida cotidiana o disrupción del funcionamiento de una sociedad, comunidad o grupo.

La declaración de emergencia confirma la existencia de daños. En su extremo significa e identifica el peligro real de pérdida de vidas.

En Puerto Rico han sido asesinadas 11 mujeres en lo que va del año 2020. La más reciente víctima fue ultimada esta semana en presencia de sus hijos, justo durante el periodo de toque de queda, en lo que debería haber sido la santidad de su hogar. El cuadro trágico se repite una y otra vez.

Muchas mujeres viven en constante estado de amenaza violenta, enfrentando la potencial muerte física prácticamente todos los días. Aunque digan que son pocos, hay demasiados hijos e hijas huérfanos y traumados por las imágenes de constante violencia verbal y física contra sus madres. Muchos testigos callan en complicidad cobarde o conveniente, a pesar de conocer familias en peligro. Otros tantos dudan o temen hacer algo porque el sistema luego falla en dar seguimiento o cumplir la ley.

A las víctimas, el sistema de protección social les falla y la sociedad las malformó para aceptar un agresor a su lado. Aunque la vecindad puede predecir tragedias, no las puede evitar. Igual que algunas víctimas del coronavirus, mueren sin lograr protección ni solución a la indignidad de ser tratadas como cosas-objetos de poca valía.

En el periodo de enero a marzo 2020, en Puerto Rico se confirmaron ocho muertes por contagio al COVID-19. La pandemia de este virus es una emergencia mundial de absoluta prioridad y de eso no hay ninguna duda. Pero tampoco hay duda de que los feminicidios, en cambio, nunca parecen llegar a ser considerados emergencia nacional pues da lo mismo, para quienes se resisten a aceptar el problema.

Recordemos que los asesinatos de mujeres por sus parejas llegaron primero que el virus que hoy amenaza a la humanidad y en medio de la crisis sanitaria en la isla no se han detenido. Tampoco van a desaparecer solos, así que ignorar el problema, negarlo o ser indolentes no sirve para nada.

Si se acepta que vivimos una emergencia por ocho fallecimientos por el COVID-19, ¿por qué no se acepta la violencia contra la mujer como una emergencia que año tras año se sigue repitiendo sin que se articulen políticas y consecuencias férreas y claras para detener los feminicidios?

La emergencia social del feminicidio es tan importante como la emergencia sanitaria de la nueva cepa del coronavirus. ¿Hay alguien que pueda  probar lo contrario? Las mujeres somos pilar fundamental para perdurar y prolongar nuestros grupos sociales, no solo por la capacidad reproductiva sino por la aportación intelectual y los derechos civiles, éticos y naturales.

¿Por qué no se les protege? Las estadísticas no mienten (aunque son conservadoras). En el 2017 hubo la friolera de 8,227 eventos de violencia de género culminando en 14 muertes; en el 2018, hubo 8,227 eventos reportados, con 23 asesinatos; en el 2019, fueron 3,880 eventos con nueve muertes. Entre el 2017 a 2018 hubo 11,331 solicitudes de órdenes de protección; 1,784 involucraban menores y 3,615 fueron denegadas. 

Si a esto le sumamos la interpretación subjetiva del policía al determinar si hay o no caso para querella, la dilación promedio de las cortes, la indolencia con la cual se dejan libres a muchos agresores y la indiferencia de muchos políticos que no aportan nada, tenemos la desgraciada combinación para la perfecta tormenta de indiferencia y laxitud ante el grave problema.

La declaración de emergencia por sí sola no resuelve este problema, pero propicia el inicio de una necesaria revisión intensiva del estado actual del derecho y jurisprudencia en Puerto Rico sobre la violencia de género.

De palabras, retórica, discursos o promesas no pueden depender las víctimas de violencia de género, pero es lo que han recibido. La vulnerabilidad de la mujer amenazada y agredida no disminuye tampoco por nombrar el problema. No basta ponerle el cascabel al gato. Se requieren rigurosas medidas de justicia, protección real, control instrumental y, sobre todo, voluntad para reconocer y enfrentar el problema.

Urge fortalecer la protección, pero esto no puede hacerse sin reforzar las acciones, esto es, la respuesta firme y afirmativa del gobierno y las agencias pertinentes. Lo demás, como decimos, es letra muerta.

Una política de “tolerancia cero” a la violencia de género requiere un plan multidimensional y trans-agencial combinado de acciones en leyes, protocolos, aparato policiaco, apoyo psicosocial, tratamientos, educación escolar y reeducación comunitaria, integración de organizaciones y agencias, entre otros.

Aunque parece mucho, no lo es si tomamos en consideración que hay camino andado en muchos renglones. Lo que falta es la acción contundente de identificación y detención del agresor antes del descontrol final que culmina en la muerte. Lo que falta es voluntad de acción preventiva real.

Dirán algunos que esto no se puede hacer. Cuestionarán cómo se puede detener a alguien antes de cometer el asesinato. Reitero que la respuesta es clara. Prevención. Existen, por ejemplo, alternativas y modelos terapéuticos de ayuda al agresor para que pueda aprender a controlar su ira pero esto requiere, casi siempre, de medidas obligatorias judiciales cuando se identifica el patrón de abuso. Es similar al contagio del virus. Se tienen que doblar esfuerzos en prevención para lograr su contención.

Basta de justificar los feminicidos con excusas culturales machistas. Asesinar mujeres no se justifica por celos, inseguridad, control de poder ni menos a nombre del falso amor. Detengamos la misoginia promoviendo un verdadero cambio de paradigma de género.





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