El año pasado, para estos mismos días, el pueblo de Puerto Rico se volcaba a las calles masivamente celebrando lo que consideraba una victoria en la lucha contra el mal gobierno de Ricardo Roselló, contra la desfachatez de su equipo asesor y la impericia en la gestión pública. El reclamo del pueblo era contundente: la gestión pública tiene que cambiar porque está plagada de amiguismo, clientelismo partidista, y de corrupción rampante. Cuesta creer que hoy estemos peor que en ese momento.

En un año, la confianza en el gobierno cayó a niveles insospechados; niveles nunca antes vistos en la historia del país. El manejo de los terremotos fue penoso, con millones de dólares en materiales y alimentos escondidos en un almacén de Ponce. Ello desembocó en una investigación del Departamento de Justicia y un referido al Panel del Fiscal Especial que decidió investigar a la gobernadora y a otros cuatro funcionarios por posible implicación en la mala gestión de la ayuda a damnificados. Es la primera vez que el Panel Especial abre una pesquisa a un gobernante en funciones.

Vimos también este año cómo la capacidad de gestión gubernamental fue interpelada por las agencias federales, que pusieron a buena parte del aparato de gobierno en sindicatura. Por la impericia y la incapacidad de la gestión pública, nuestra gente y nuestras comunidades siguen sin recibir las ayudas que fueron consignadas para la recuperación de viviendas, de caminos y de infraestructura. Parte el alma confirmar que a tres años del huracán María el gobierno no haya sido capaz de atender las necesidades de cientos de miles de compatriotas. Y quienes están en el poder hacen lo indecible para no soltarlo, a pesar de su desastroso desempeño.

Luego vino la pandemia de COVID-19, que puso al descubierto esquemas de corrupción al interior del Departamento de Salud y en el propio manejo de los asuntos públicos en La Fortaleza. Los intentos de comprar suministros a donantes del PNP, que salivaron con lo bien que les habría de ir con la transacción de cuarenta millones de dólares, nos dejó atónitos y avergonzados. ¿Cómo es posible que en medio de la tragedia que asediaba al país hubiera tanta falta de empatía? ¿Cómo es posible que la gobernadora se equivocara tanto eligiendo su equipo de trabajo? Volvió la indignación a nuestras vidas; como en el verano pasado. Pero esta vez había pandemia y no pudieron tomarse las calles.

Lo que hemos visto ahora en el proceso primarista también indigna, aturde y genera bronca. Confirma que tiene fundamentos el desprestigio en que han caído prácticamente todas nuestras instituciones gubernamentales. La confianza en lo público, hasta ahora minada, colapsó. Cayó noqueada por la incompetencia y por la complicidad de quienes no quieren soltar el poder que hoy ostentan.

La decisión de suspender la votación en 40% de las unidades electorales está en sintonía con la forma de legislar y gobernar que hemos visto en los últimos años: puro mollero. No se pensó en las implicaciones de violar un principio de todo proceso electoral que es no dar resultados hasta no cerrar los colegios de votación. Mientras los presidentes de los dos partidos que participan en primarias prohibían que se anunciaran resultados, el candidato a la gobernación cuya opinión no fue considerada al tomar la decisión exhortaba a sus funcionarios a imprimir los resultados y fotografiarlos para sustentar su reclamo de victoria por amplio margen. Todo mal, de una y otra parte. Quedó clarísimo que tampoco tenemos capacidad previsora y que el reglamento de primarias nunca contempló que pudiera surgir algún problema en el proceso, a pesar de que estamos atravesando un momento muy complicado de una pandemia que azota fuerte al país. Sin cultura de previsión, siempre andaremos improvisando.

Puerto Rico tiene que repensar totalmente su sistema electoral. Lo que he hemos vivido en este ejercicio de primaria fue negligencia en el desempeño de la función pública y deben encontrarse los responsables para poner fin a la especulación de que la suspensión respondió a un intento de alterar los resultados. Esto no puede suceder en el organismo en que el país debe depositar toda su confianza para ser gobernable.

Ninguna crisis es peor que el colapso de la confianza en un gobierno; el nocaut del domingo fue contundente. Precisamos refundar al país y regenerar sus instituciones y también a su clase política. Hagámoslo.