Con demasiada frecuencia se tiende a confundir el concepto de privatización con el de alianza público-privada (APP), por lo que resulta pertinente aclarar las diferencias entre estas dos figuras parecidas, pero no idénticas. 

Las APP son contratos a largo plazo mediante los cuales una entidad gubernamental se asocia con una empresa privada para que esta última provea un servicio o función pública de acuerdo a unos estándares de desempeño. Este arreglo implica, en términos generales, que el socio privado administrará una instalación pública que al cabo de finalizar el contrato regresará a manos del gobierno. Nótese que el socio privado no recibe la titularidad del activo público, es decir, no se convierte en el dueño, sino que el gobierno mantiene la titularidad del activo. Además, la APP conlleva una distribución de riesgos (financiero, de construcción, etc.) entre la entidad gubernamental y el socio privado. El socio privado asume unos riesgos y realiza unas funciones a cambio de una compensación. Dependiendo del tipo de servicio o función objeto de la APP, el mecanismo de compensación al socio privado será las tarifas que paguen los usuarios o pagos que realice la entidad gubernamental (conocidos como availability payments) si la instalación se mantiene en las condiciones estipuladas en el contrato. También podría ser una combinación de ambos. Una vez entra en operaciones el socio privado, la entidad gubernamental que contrata se encarga de supervisar el desempeño del socio privado.  De este modo la entidad gubernamental participante en la APP deja de ser un proveedor de servicios y su rol será supervisar al socio privado, asegurando que este cumpla con lo pactado en el contrato. 

Un ejemplo de APP es la concesión de las autopistas PR-22 y PR-5 a la empresa Metropistas. Mediante esta APP Metropistas asumió la responsabilidad de operar y brindar el mantenimiento a dichas vías y a cambio, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) concedió a Metropistas el derecho a recibir el dinero generado por el cobro de los peajes, por un periodo de sobre treinta años. En este caso, la ACT retuvo la titularidad de los activos públicos, pero su rol cambió a uno de supervisión del cumplimiento con lo pactado en el contrato. 

Por otra parte, en una privatización el gobierno vende a una o varias empresas privadas los activos públicos relacionados a un servicio determinado, y se desentiende permanentemente de dicho servicio porque la entidad gubernamental que lo prestaba deja de existir.  La prestación del servicio se deja en manos de empresas privadas, mientras que la participación del gobierno es únicamente de carácter regulatorio por medio de una entidad gubernamental distinta a la que prestaba el servicio. Como resultado, la empresa privada asume todos los riesgos, responsabilidades y recompensas asociadas a la prestación del servicio. Un ejemplo de privatización es la venta de la Puerto Rico Telephone Company (PRTC) a la empresa GTE. En este caso, el gobierno vendió los activos de la PRTC, desligándose de la prestación del servicio de telefonía y limitándose al rol de regulador de la industria a través de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones.   

En un proceso de reforma gubernamental, la determinación sobre cuál de los dos modelos utilizar dependerá del tipo de proyecto, servicio o función pública que se quiere reformar. Ninguno de los dos es de por sí mejor o peor que el otro, ni un remedio perfecto para solucionar los problemas de gobernabilidad. En algunos casos una APP será más conveniente, en otros la privatización será lo más viable y habrá escenarios en que lo mejor será que el servicio o función sea realizado por el gobierno.  Lo que debemos tener claro es que privatización y APP son conceptos distintos que lo único que tienen en común es que en ambos el sector privado es quien provee el servicio y el gobierno se encarga de velar por el interés público ya sea como regulador o como supervisor.